La Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que preside la senadora Josefina Vázquez Mota, dio su respaldo a un proyecto que busca combatir el uso de menores de edad, por parte de la delincuencia organizada, para cometer actividades ilícitas.

El dictamen incluye una reforma a la fracción II del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para precisar que las penas previstas en el artículo 4 de dicho ordenamiento aumentarán hasta en una mitad cuando se utilice a niñas, niños, adolescentes o incapaces para cometer cualesquiera de los delitos a que se refiera la Ley, o se les involucre, con cualquier grado de intervención, en su ejecución.

Las y los senadores destacaron en el documento que “los grupos de la delincuencia organizada han visto una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas”.

La asociación civil “Reinserta”, cuya finalidad es romper los círculos de delincuencia en el país y lograr la reinserción social y familiar de expresidiarios, agregaron, “estima que 30 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos son reclutados por el crimen organizado”, a través del alistamiento forzoso y voluntario de los menores.

Además, una entrevista realizada a 89 menores de edad, recluidos en diferentes centros penitenciarios del país, indicó que 75 por ciento de ellos, es decir, 67 menores, asumía ser miembro de algún grupo delictivo en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo.

“En los testimonios recabados señalan que, recibían un sueldo por las actividades realizadas dentro de la organización, que iban desde una suma que era ridícula hasta cifras de 25 mil a 35 mil pesos”.

Los legisladores advirtieron que es evidente que el crimen organizado opta por utilizar y reclutar menores de edad, debido a la facilidad con la que inciden en ellos al ofrecerles ciertos prototipos de vida, y a que el sistema acusatorio penal tiene más consideraciones con una persona menor de edad; repercusiones y condenas menores o nulas.

En este contexto, la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, aprobó el dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 28 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Con ello, se busca que la reintegración social y familiar, en el caso de niñas, niños y adolescentes vinculados con la delincuencia organizada, establezca las medidas conducentes para su protección, supervivencia y reintegración a la sociedad hasta su mayoría de edad.

Además, plantea adicionar la fracción IX al artículo 148 de dicho ordenamiento, para que, entre los criterios para la imposición e individualización de la medida de sanción, se tomen en cuenta los mecanismos de reinserción que se deberán llevar a cabo en el caso que los delitos cometidos por la niña, niño o adolescente hubieren estado vinculados con la delincuencia organizada.

Y una adición al artículo 150 de la Ley, para que, en el caso de menores procesados por delincuencia organizada, el juez defina los mecanismos que se dispondrán para su reintegración.

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Foto: archivo m

gse