Los presidentes municipales, los juzgados cívicos y la Fiscalía General del Estado, encabezan los expedientes de quejas abiertas ante los organismos defensores de derechos humanos tanto estatal como federal.

Así se advierte en el Censo nacional de derechos humanos estatal (CNDHE) y federal (CNDHF) 2023 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), cuyos resultados se presentaron este lunes.

Puebla se ubicó al cierre de 2022 como el cuarto estado con mayor número de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos en el país, ya que se acusaron 12 mil 424 casos.

De acuerdo con el Censo, 5 mil 166 expedientes calificados como violatorios de derechos humanos fueron contra presidentes municipales, de los cuales 4 mil 542 se dieron como concluidos y estaban 945 pendientes, del año pasado y anteriores.

Otros 1 mil 622 contra juzgados cívicos y homólogos, de los que sólo se reportaron tres pendientes.

Mientras que 1 mil 198 se dirigieron a la Fiscalía General del Estado, de los que se concluyeron 798 y quedaron 878 pendientes, de 2022 y años previos.

Asimismo se abrieron 543 contra el Sistema Penitenciario Estatal, 459 a la Secretaría de Educación Pública, 220 a la Secretaría de Seguridad Pública y 183 a la Secretaría de Salud.

Quejas contra dependencias federales

Cabe señalar que el Censo también recoge los expedientes abiertos en Puebla contra dependencias federales.

Ahí, el Instituto Nacional de Migración va al frente con 107 expedientes abiertos y cinco pendientes; el Instituto Mexicano del Seguro Social con 25 y tres sin cerrar; así como Petróleos Mexicanos con cinco indagatorias iniciadas y ninguna que esté abierta.

A nivel nacional, las quejas más frecuentes fueron: violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, negativa o inadecuada prestación de servicios públicos, detención arbitraria, omisión de la prestación de atención médica y omisión en la

fundamentación y motivación de un acto de autoridad.

Así como tratos crueles, inhumanos o degradantes, daño ambiental, negativa, restricción u

obstaculización de la adecuada protección judicial, tortura, así como transgresión del derecho de petición.

Foto: Esimagen

gse