La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) por la retención excesiva de 27 migrantes –entre ellos tres menores- en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) en Puebla, Puebla.

En el recurso 158/2023 se indicó que el organismo recabó las quejas de 16 personas de distintas nacionalidades, habían declarado en diversas carpetas de investigación radicadas por la Representante Social de la Federación, por lo que se encontraban a disposición de los agentes del Ministerio Público de la FGR.

Sin embargo, ya habían pasado varios días sin que se resolviera su situación jurídica.

Durante una visita a la estancia, el 7 de octubre de 2022, otra persona presentó una queja en la que mencionaba que encontró grupos de personas en situación jurídica similar, entre las cuales se encontraban tres adolescentes menores de edad de nacionalidad hondureña.

La CNDH acreditó que Agentes del Ministerio Público Federal ordenaron que 24 personas migrantes de distintas nacionalidades no podrían ser retornadas a su país de origen, hasta en tanto esta autoridad ministerial determinara lo procedente.

“Ante las conductas de dichos agentes, se advirtió que su actuación carece de la debida fundamentación y motivación, ya que dichas personas servidoras públicas no cuentan con la atribución para intervenir o resolver sobre la ampliación del periodo que personas migrantes deben permanecer en un recinto migratorio, pues es competencia únicamente del INM, lo que derivó en una retención ilegal de las víctimas, quienes estuvieron por lapsos prolongados y excesivos en la referida estancia migratoria, situación que se agrava al tratarse de personas migrantes consideradas víctimas de delito”, señaló el organismo.

La Ley de Migración establece que el INM debe resolver sobre la situación de las personas extranjeras presentadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles, y ningún apartado de esta ley prevé como causa de ampliación de plazo el que las personas tengan la calidad de víctimas o testigos de un delito.

Además, se advirtió que el 22 de septiembre de 2022, un servidor público solicitó al INM que tres migrantes adolescentes fueran trasladados el día 23 al Centro de Justicia Penal, para el desahogo de una prueba anticipada.

Posteriormente, el 13 de octubre de ese año, autorizó que fueran repatriadas, para lo cual no tiene atribuciones. Adicionalmente, al ser adolescentes no tenían el carácter de imputados, “con esta acción se violentó el principio de interés superior de la niñez”.

Por ello, la Comisión Nacional solicitó a la FGR que proceda a la inmediata reparación integral del daño de las 27 personas migrantes, la cual deberá incluir la medida de compensación, además de otorgarles la atención psicológica que requieran, y de colaborar en la denuncia administrativa que la CNDH presente ante el Órgano Interno de Control en la FGR contra las personas involucradas.

foto: archivo m

gse