La auditora Amanda Gómez Nava acudió la tarde de este lunes a una reunión con los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, sin embargo a su salida se negó a emitir un pronunciamiento sobre las deudas generadas en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta.

En esa administración ella fue secretaria de la Función Pública de octubre de 2020 a mayo de 2022, y a partir de ese mes funge como auditora superior del estado designada por el Congreso de Puebla.

En los últimos días, legisladores y dirigentes partidistas le han pedido que informe sobre los manejos financieros del gobierno pasado, sin embargo ella se ha amparado en un acuerdo que le impediría intervenir de cualquier forma en aquellos asuntos de los que tuvo conocimiento y/o participación como titular de la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, este mismo lunes el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina expuso que la Auditoría Superior del Estado tiene la obligación de pronunciarse sobre el manejo financiero de la administración estatal en el pasado gobierno.

En tanto se verifica si la auditora Amanda Gómez Nava puede excusarse de hacerlo como funcionaria.

Estimó que la institución sí debe dar respuesta a la sociedad de qué fue lo que sucedió y como se ejecutó el presupuesto en el gobierno.

“Ella a lo mejor no (puede pronunciarse), pero la Auditoría es una institución que no depende de una sola persona, tiene contemplado en el marco legal cómo se deben rendir cuentas de todo, estamos obligados todos. En ese aspecto no hay excusa y todos debemos hacer lo propio”.

La auditora estuvo alrededor de una hora en el Congreso y a su salida fue custodiada por escoltas hasta su camioneta, en la que se retiró sin emitir declaración alguna.

En abril pasado se dio a conocer que el gobierno estatal tiene en proceso de recuperación 600 millones de pesos que invirtió durante 2021 en el Banco Accendo, el cual quebró y aún se mantiene en proceso de liquidación.

Además en julio se indicó que la administración estatal adeudaba 722.3 millones de pesos por pago de Impuesto Sobre la Renta en sueldos y salarios que no fue bien calculado durante 2019 y 2020, al inicio de la gestión barbosista.

Foto: Esimagen

gse