A partir del cuarto mes de asumir el cargo, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina ventiló tres boquetes financieros que le heredaron por 3 mil 922 millones de pesos, producto de reclamos irregulares de impuestos, fallidas inversiones bursátiles y mal cálculo de ISR.

Esta cantidad supera el presupuesto aprobado por el Congreso del Estado a la Secretaría de Infraestructura este año, que llega a 3 mil 835 millones de pesos, a fin de ejecutar obras en la capital y el interior de la entidad.

A su vez representa tres veces la inversión de 1 mil 200 millones de pesos para Ciudad Universitaria 2, más de cuatro veces los 750 millones para el distribuidor vial Ejército de Oriente y más de seis veces los 600 millones para la Central Camionera del Sur.

Recuerdo morenovallista

El 11 de abril de 2023 se dio a conocer que Puebla pagó 2 mil 600 millones de pesos por un litigio que perdió ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), al detectarse que se le reintegraron de forma irregular impuestos correspondientes de 2009 y 2010.

El caso procede de 2015, cuando un despacho de asesoría fiscal recomendó al gobierno de ese entonces gestionar la devolución de los recursos y en 2018 se determinó que esa acción fue irregular. 

Tras la gestión del gobierno, en ese entonces a cargo de Rafael Moreno Valle, a finales de 2015 obtuvo un reintegro y en 2016 otro monto, para sumar 702 millones de pesos en total, de lo cual el despacho privado cobró un bono por la asesoría.

Sin embargo, en 2018 –durante la administración de Antonio Gali Fayad-, el SAT determinó que la devolución fue incorrecta, ya que las gestiones de gobierno se sustentaron en una disposición de 2008, cuando el gobierno estatal no estaba adherido a ese convenio fiscal, ya que lo hizo hasta 2011.

Las autoridades federales tomaron como “dolo” la gestión de las autoridades poblanas y determinaron que la entidad debía entonces un crédito fiscal, que se debía pagar o litigar.

En 2018 la entonces gestión estatal determinó litigarlo y empezó un proceso que se resolvió este 2023, por lo que de un adeudo de 700 millones, terminó en 2 mil 600 millones de pesos.

Sobre este caso, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que su administración inició las acciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de los ex funcionarios responsables por un manejo indebido de los recursos.

Invierten en fondo y banco quiebra 3 meses después

También el 11 de abril se dio a conocer que el gobierno de Puebla tiene en proceso de recuperación 600 millones de pesos que invirtió durante 2021 en el Banco Accendo, el cual quebró y aún se mantiene en proceso de liquidación.

La ex secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, indicó que Puebla contaba con esos recursos que estaban “apasivados” y no comprometidos, por lo que se determinó invertirlos en esa institución.

Reiteró que no eran partidas presupuestarias por lo que en junio de 2021 se enviaron a la institución bancaria que estaba regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Sin embargo, en septiembre de ese mismo año se determinó el cierre del banco Accendo, que tenía a estados y municipios como clientes.

De ese hecho se dio vista al Órgano Interno de Control gubernamental a fin de que iniciara las investigaciones respectivas.

Apenas el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que secretarios de Finanzas a nivel estatal y federal resultaron defraudados por colocar dinero público en fondos de inversión.

Sin citar casos en específico dijo que “secretarios de Finanzas colocaban dinero del presupuesto en estos fondos de inversión porque supuestamente iban a obtener más utilidades, intereses y resultaban defraudados, en este caso las haciendas públicas de los gobiernos locales y federal”.

El funcionario pidió a las autoridades no caer en estos esquemas y ofrecimientos que llevan el propósito de defraudar y señaló que se van a investigar las denuncias en la FGR.

Y aparece tercer adeudo

Este jueves 27 de julio el gobierno del estado de Puebla dio a conocer que adeuda 722.3 millones de pesos por pago de Impuesto Sobre la Renta en sueldos y salarios que no fue bien calculado durante 2019 y 2020, al inicio de la gestión de Miguel Barbosa Huerta.

Ello se detectó tras una revisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y autoridades estatales.

La nueva secretaria de Finanzas, Josefina Morales Guerrero, destacó que esto es un adeudo que se debe cubrir para no tener obligaciones fiscales incumplidas.

Abundó que la diferencia se derivó de omitir el gravamen del ISR en la “despensa” de los funcionarios y es un monto alto porque incluye a los trabajadores del magisterio, dependencias y entidades.

Sobre este caso, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina indicó que en el nuevo crédito de 722.3 millones de pesos se negocia la mayor recuperación posible de recursos ante la Federación.

Destacó que si no se negocia, la deuda sigue aumentado todos los días y “algún día se va a tener que pagar y se va a hacer más fuerte”.

Foto: especial

gse