Senadores, especialistas y representantes de organizaciones de la sociedad civil analizaron los resultados del Cuarto Informe que presentó el “Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México”.

A través de dicho documento, se hace un seguimiento de los resultados que ha dado la Guardia Nacional, desde su creación, para pacificar al país.

La senadora Claudia Ruiz Massieu reconoció que el problema de la inseguridad en varios territorios se ha profundizado en los últimos años, por lo que la nación pasa por situaciones nunca vistas en materia de violencia.

“Estamos sufriendo situaciones inéditas”, dijo, pues tan sólo el pasado mes de junio cerró como el más violento del año, ya que se registró un promedio de 77 homicidios dolosos diarios y recientemente México atravesó los tres años más violentos en su historia: del año 2000 al año 2020 se registraron más de 34 mil asesinatos y en 2021 más de 33 mil.

La percepción de inseguridad, agregó, se ubica en 62.1 por ciento; aunque hay ciudades en México que tienen índices más altos de percepción de inseguridad, como Fresnillo, con 96 por ciento; Zacatecas, con 94.3 por ciento; o Naucalpan, con 88 por ciento.

Ruiz Massieu aseguró que no es posible construir condiciones de bienestar ni garantizar el ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades, si el Estado mexicano no puede dotar de un piso mínimo de tranquilidad, de seguridad y de condiciones en las que los y las mexicanas estén libres de violencia.

“La seguridad, es un requisito indispensable para lograr bienestar. No puede haber seguridad sin desarrollo, pero el desarrollo tampoco puede tener lugar en un entorno de inseguridad”, puntualizó.

En tanto, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, mencionó que se “traicionó” el modelo y la concepción de la Guardia Nacional, porque se cambió el concepto de esta institución que de ser de carácter civil se militarizó de manera ilegal e inconstitucional.

Criticó que la Suprema Corte haya otorgado al gobierno una vacatio legis de un año, para regresarla a su carácter civil, porque ahora “estamos en el peor de los mundos”, pues esta determinación ahonda el carácter inconstitucional e ilegal de la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad.

Alertó que el engaño del gobierno ha ido de la mano de una peligrosa práctica de opacidad, pues se han tenido casos extremos de violación a derechos humanos que no se han sancionado.

Muestra de ello, añadió, es que en Tamaulipas se han cometido abusos y delitos por parte de las Fuerzas Armadas que han asesinado a niñas, adultos mayores, jóvenes, embarazadas, por ejemplo, el último incidente que fue una ejecución sumaria de presuntos delincuentes.

Al presentar el informe, María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común, señaló que no hay una estrategia de seguridad, sino lo que se tiene es sólo un cambio político en la seguridad y el protagonismo militar no es compatible con el sistema democrático mexicano.

Subrayó que la Guardia Nacional no ha dado resultados, porque no hay un solo documento que indique cuál es la estrategia de seguridad en México. “No solamente no vivimos más seguros, sino que además la forma violenta como actúan los grupos criminales ha llegado a un extremo como no se había visto antes”.

Destacó que la información oficial respecto de los procesos de creación, integración, preparación y operación de la Guardia Nacional es incompleta y contradictoria. Ya que se suponía que iba a tener un carácter civil; sin embargo, a cuatro años de su creación, 71 por ciento de sus integrantes corresponden a las Fuerzas Armadas.

Además, dijo, varía la cantidad de horas de capacitación que se les da a los elementos de la Guardia Nacional, “y cada vez los preparan menos”.

Se informó que solamente alrededor de 62 mil 500 de sus integrantes tienen el Certificado Único Policial (CUP), es decir, el resto no cuenta con las acreditaciones completas y no están validados para hacer su trabajo, lo que puede implicar problemas en el momento de hacer las detenciones y querer llevar a los criminales a juicio.

Este rezago, explicó, pone en evidencia que no están formando a los elementos de la Guardia Nacional como una policía civil, como lo establece la Constitución Política.

En cuanto a su despliegue operativo, expresó, no es en función de la incidencia delictiva, sino de la política de este gobierno.

Para el 2023, apuntó, la Guardia Nacional recibió 68 mil millones de pesos, es decir, 17 veces más que 2020. A la par de este incremento, también se ampliaron los ingresos a las Fuerzas Armadas por diferentes vías.

Ello, agregó, debido a que son los que administran muchos de los recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como las obras del Tren Maya, cuatro aeropuertos y además de una línea aérea nueva, entre otros.

“Tenemos que hacer una profunda reflexión de cómo reconstruir la seguridad en el país, para tener la esperanza de vivir en paz, porque dados los índices delictivos, no se visualiza una traducción entre el incremento de recursos y una mayor eficacia operativa de la Guardia Nacional”, concluyó.

Foto: especial

gse