Sorprendió que ayer llegara a la Comisión Permanente del Congreso la solicitud, hecha por el presidente de la República, para que el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Eduardo Marín Mollinedo, dejara el cargo y se fuera a Suiza como representante de nuestro país (embajador) ante la Organización Mundial del Comercio. Esto, a apenas seis meses de estar en un cargo tan relevante.

Más allá de que no tiene experiencia alguna en temas de comercio ni de tratados internacionales, sorprendió su salida y aún más el que se le mandara, tan lejos, a Suiza, pues fuentes oficiales que pidieron el anonimato han señalado que el extitular de la ANAM había sido amenazado por cárteles del narcotráfico. Y las amenazas fueron tomadas muy en serio cuando una persona de toda su confianza, Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, quien fungía como el administrador de la aduana de Manzanillo fue secuestrado y ejecutado por un comando armado. El funcionario llevaba apenas dos semanas en el cargo y habría sido ejecutado, según fuentes locales, por una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación. ¡Este es ya el cuarto funcionario de la aduana de Manzanillo ejecutado en los últimos 17 meses!

Luego de este homicidio y de que, a tres semanas de haberse perpetrado, no hay un sólo detenido, sencillamente Rafael Marín renunció y pidió poner “un océano” de distancia con su país.

Dado que con estos antecedentes es difícil que alguien acepte encargarse de la ANAM, el presidente decidió proponer a un general de división muy experimentado, André Georges Foullon, quien en este mismo sexenio ya había sido subsecretario de la Defensa Nacional.

El tema no es menor, pues deja ver la capacidad de intimidación y acción de los cárteles del narcotráfico. Y, desde luego, también deja ver en tan solo un par de semanas que el Estado mexicano no es capaz de proteger a sus funcionarios. Ahí están los casos de la alcaldesa de Tijuana que tuvo que abandonar su casa para irse a vivir a una instalación militar; el del administrador de la aduana de Manzanillo –la más importante del país para el comercio marítimo- , quien fue ejecutado; y, ahora, el del máximo titular de aduanas que tiene que salir corriendo del país.

Todos debemos darle nuestro apoyo a los funcionarios públicos que enfrentan al crimen organizado. No es cosa fácil, pero también tenemos que exigir que el Estado Mexicano les proteja y dé garantías para ellos y sus familias. Claramente esto no está pasando, pues o los matan o tienen que salir corriendo de sus casas (o del país) para sentirse protegidos. Si esto están padeciendo importantísimos funcionarios públicos, claramente no hay quien proteja a la sociedad. Es una triste realidad que se deriva de los hechos arriba descritos. Ojalá que las condiciones cambien en el corto plazo. Por lo pronto, le deseamos éxito al general Foullon.

Columna de Javier Tejado Dondé en SDP Noticias

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