Es tal la desesperación e impotencia de las madres buscadoras, que el pasado 28 de mayo emplazaron a carteles del crimen organizado a firmar un “Pacto de Paz” en 15 días. Ayer se cumplió la fecha establecida y hasta ahora se sabe que solo un grupo delictivo había aceptado; otro estaba de acuerdo pero condicionaba que se modificara un punto, y se estaba en platicas con la iglesia para que fungiera como interlocutora en el diálogo por La Paz.

En este contexto, es preciso señalar que ante la negligencia e ineficiencia de las autoridades mexicanas y la clase política en el poder, Delia Icela Quiroa Flores, defensora de derechos humanos y portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, pidió a los grupos delictivos parar la violencia.

En una carta que está dirigida a los cárteles Jalisco Nueva Generación, de Sinaloa, del Golfo, del Noreste, los Zetas Vieja Escuela, de los Salazar, de Tijuana, de Ciudad Juárez, de los Beltrán Leyva, de la Familia Michoacana y/o Los Caballeros Templarios., Icela Quiroa pide frenar las desapariciones, entregar los cuerpos de las víctimas para que reciban sepultura digna y respetar la búsquedas de los colectivos.

“Lo único que queremos, es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos y que en el caso de que hayan fallecido tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo”, se lee en la carta.

A esta petición se sumaron colectivos de todo el país como las madres buscadoras de Zacatecas, de Jalisco y de Michoacán.

“Ustedes y nosotros tenemos algo en común, somos abusados por nuestro gobierno, ustedes cuando son detenidos y nosotros como víctimas, que buscamos a nuestros familiares, al no tener quien nos defienda, porque ambos, víctimas e imputados, nos vemos obligados a realizar trámites judiciales que son una tortura interminable, además de muy costosos, y quienes sufren todo esto son nuestras familias”, dice la carta.

El presidente López Obrador, aseguró estar de acuerdo con el pacto de paz lanzado por las madres buscadoras.

“Todo lo que signifique hacer a un lado o no usar la violencia lo apruebo, y eso no tiene que ser por demanda sólo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas”, declaró el mandatario, aunque horas más tarde tuvo que recular y explicar que lo que dijo no fue lo que quiso decir.

El fracaso del actual régimen salta a la vista cuando se trata de cuidar y proteger a los ciudadanos, baste señalar que de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, en México existen 110 mil 777 personas desaparecidas y no localizadas (hasta el corte de las 10:09 horas del 30 de mayo de 2023). Mientras que Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México son las entidades que mayor número de casos acumulan con 14 mil 977, 12 mil 663 y 11 mil 843, respectivamente.

Y en este sentido no es ocioso recordar el dato que revela que “de diciembre de 2018 al 24 de mayo de 2023 se registraron 156 mil 136 asesinatos en México, con lo cual el actual sexenio se convirtió en el más violento de la historia”.

Este dato proporcionado por el INEGI, y que coincide con las cifras que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Reporte Diario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo enfurecer a López Obrador, quien en su conferencia mañanera del jueves 1 de junio, reconoció que su gobierno es el sexenio con más homicidios dolosos en la historia reciente de México, sin embargo, acusó es resultado de la herencia que le dejaron administraciones anteriores; una justificación que a cuatro años y medio que acumula su gobierno suena infantil, mañosa, reiterada, y solo habla de la incapacidad e ineficiencia de las autoridades a su cargo, que no han podido solucionar el que fue quizá el principal problema que debió haber atendido a su llegada, pero su inútil estrategia de “abrazos no balazos” fracasó y seguramente pasará a la historia como la política pública más estúpida de que se tenga memoria.

Pero además de la torpeza, ineptitud y falta de inteligencia para conducir el país, quizá lo más aberrante radica en el cinismo de parte de Andrés Manuel, quien como si fuera algo para presumir declaró en días pasados que grupos del crimen organizado en México respetan a los servidores de la nación aún en los retenes.

“Hay casos en donde detienen a alguien de los que trabajan en las comunidades, algún grupo de la delincuencia, pero como usan un chaleco ya los identifican y los respetan”, declaró.

Y enseguida platicó una anécdota que seguramente le pareció graciosa:

“Me contaron hace poco que dijeron: ‘no le ha llegado el apoyo a mi abuelita’, le dijo un muchacho (delincuente) a un servidor de la nación, que estaban en un retén y tenían que ir a trabajar los promotores, que mi respetos para ellos, porque están abajo, en el territorio, territorio, no escritorio. Y le dijo ‘bueno, pues en donde vive tu abuelita’, pues en tal pueblo, dame los datos, no, cómo te voy a dar los datos, pues entonces no se puede, bueno, cuando regreses alguien te va a entregar los datos”, agregó.

Es decir que, el presidente, no conforme con aceptar que las madres buscadoras -a las que su gobierno no apoya y él no recibe para escuchar sus demandas- negocien con el crimen organizado, se jacta de que los integrantes de la delincuencia que tienen tomados múltiples territorios por todo el país respetan a quienes portan chalecos guindas; y relata abiertamente cómo los cárteles operan y controlan caminos y accesos a comunidades.

Las personas desaparecidas en México suman ya más de 110 mil, según datos oficiales. El tema regresó recientemente a la agenda pública y cabe hacer una distinción entre los diferentes tipos de desapariciones en el marco de esta dolorosa realidad que cientos de familias mexicanas viven día a día.

Las personas desaparecidas son aquellas personas de las cuales no se sabe su localización, pero que pudieron ser privadas de su libertad a causa de un delito.

Las personas no localizadas son aquellas de las que se desconoce su paradero, pero no se presume que sean víctimas de un delito o que hayan sido privadas de su libertad por la fuerza.

Por otro lado, la tipificación de desaparición forzada se otorga cuando el delito es cometido por servidores públicos o elementos del Estado. Estos casos son investigados siguiendo las normas establecidas en los códigos penales de cada entidad.

Un signo contundente de que el actual gobierno federal ha fracasado en este tema, es cuando a pregunta expresa de un periodista, el titular del ejecutivo de la nación acepta y valida que las madres buscadoras puedan negociar con criminales, lo que constituye una aceptación tácita de la incapacidad de su gobierno para combatir de manera efectiva a los carteles y a quienes con diversos fines desaparecen en este país a hombres y mujeres.

*Con información de medios

Columna de Salvador Cosío en SDP Noticias

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Foto Adolfo Vladimir

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