Este jueves el Congreso de Puebla aprobó las cuatro reformas secundarias al Poder Judicial del Estado, que se derivan de los cambios constitucionales en materia judicial aprobados el año pasado.

Fue el gobernador Miguel Barbosa Huerta quien presentó desde 2022 el paquete de iniciativas, que en un primer bloque se avalaron antes de su muerte en el mes de diciembre, y dos meses después llegó el turno de la legislación secundaria.

Se trata de la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución Política del Estado, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública y la Ley de Carrera Judicial.

La primera tiene como objetivo regular los procedimientos de los Medios de Defensa de la Constitución y de los Recursos de Legalidad Ordinaria que son de la competencia de este órgano garante y que resultan necesarios para la aplicación del sistema constitucional local.

De acuerdo con la iniciativa avalada por las y los diputados, los medios de control constitucional que prevé esta iniciativa son: las Acciones de Inconstitucionalidad; las Controversias Competenciales; la Acción de Tutela, y la Acción por Omisión Legislativa.

Por otra parte, aprobaron la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que tiene como objetivo establecer los principios, bases, requisitos y condiciones para la eficiente sustanciación de los Mecanismos, entre los que se consideran la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos.

Con estos procesos, las y los poblanos podrán acordar y consentir soluciones bajo la guía de un tercero especializado, certificado para aplicar los distintos medios alternativos. Esta Ley también regula las funciones sustantivas, administrativas y organizacionales del Centro de Justicia Alternativa.

Entre los dictámenes, también se avaló la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, que tiene como objetivo regular la organización y funcionamiento en la prestación del servicio de defensoría pública en la entidad.

El servicio de defensoría pública garantizará la asistencia jurídica en asuntos del fuero local, en materia penal, familiar, civil, laboral y de justicia cívica, mediante la asesoría, gestión, representación, patrocinio o defensa de los intereses de las personas que lo soliciten. Estos servicios estarán a cargo del Instituto Especializado para la Defensoría Pública, el cual, a su vez dependerá del Consejo de la Judicatura.

En tanto, avalaron la Ley de Carrera Judicial del Estado de Puebla, que tiene como objetivo establecer las reglas, bases y procedimientos para el desarrollo profesional en el Poder Judicial.

La carrera judicial tiene como fines establecer las bases para la formación, actualización y especialización de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, a fin de garantizar la eficaz y eficiente impartición de justicia, así como optimizar la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional rigiendo sus actos y procedimientos por los principios de excelencia, profesionalismo, idoneidad, mérito, antigüedad, paridad de género, no discriminación e igualdad de oportunidades.

El Consejo de la Judicatura contará con la Escuela Estatal de Formación Judicial, misma que estará dotada de autonomía técnica y de gestión para implementar los procesos de formación, capacitación y actualización de todo el personal de carrera judicial.

Foto: Esimagen

gse