La Secretaría de Economía (SE) federal declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2 a la empresa canadiense Almaden Minerals, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.

Así lo revelaron la Comunidad Nahua y el Ejido de Tecoltemi, en el municipio de Ixcatamaxtitlán, Puebla, al dar a conocer el contenido de la resolución que la dependencia federal les notificó el pasado 22 de febrero.

“Como resultado de esta decisión es importante subrayar que Almaden Minerals ya no cuenta con concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán y que ya no le serán otorgadas nuevamente”, señalaron los habitantes de esas comunidades a través de un pronunciamiento.

Indicaron que por ello deben abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de actividad dentro de ese municipio.

Precisaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que sólo en el supuesto de declararse factible el otorgamiento de las concesiones por la Secretaría de Economía es que se tendría que realizar la consulta a la comunidad de Tecoltemi.

“Por tanto, al haberse declarado la no factibilidad resulta improcedente llevar a cabo la consulta y debe darse automáticamente cumplida la sentencia por parte del Juez de Distrito a cargo de la ejecución”.

Consideraron falsas las recientes declaraciones emitidas el 22 y 23 de febrero por parte de la Minera Canadiense Almaden Minerals y su filial mexicana Minera Gorrión, de que tenga forzosamente que realizarse la consulta.

Asimismo señalaron que las evaluaciones de impacto Social y Ambiental, emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, citados en el escrito de Economía, se concluye que no es factible el otorgamiento de concesiones mineras en el territorio de Ixtacamaxtitlán por ocasionar graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.

“A partir de la investigación científica y de campo que realizaron, los estudios señalan, una problemática socioambiental producto de procesos de extracción minera que podrían afectar negativamente prácticas tradicionales y culturales, que generaría un impacto a la biodiversidad del lugar y que podrían existir contaminantes que afecten las tierras, ríos y mantos acuíferos por el traslado de partículas tóxicas, derivado de la actividad minera que se pretendía realizar”, abundaron.

La comunidad nahua de Tecoltemi y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, consideraron trascendental la decisión de la Secretaría de Economía y los estudios realizados por la SEMARNAT y el INPI, mediante los cuales el Estado mexicano concluye que no es factible autorizar concesiones mineras en el municipio de Ixtacamaxtitlán.

“Esta decisión respeta y garantiza el derecho a la libre determinación de Tecoltemi y el resto de los pueblos y comunidades de Ixtacamaxtitlán y de toda la Sierra Norte de Puebla, quienes en múltiples ocasiones hemos manifestado un rotundo: ¡No a la minería, No a los megaproyectos de muerte en nuestros territorios! ¡Nuestra voluntad es firme, no hay nada que consultar!”

Por todo ello hicieron un llamado al Juez de Distrito, que conoce de la ejecución, para dar por cumplida la sentencia, en apego al mandato de la Corte y del marco convencional de derechos de pueblos indígenas.

Descartaron que con esta decisión se pueda afectar la seguridad jurídica de las inversiones mineras, “cuando de lo que se trata es hacer un mínimo de justicia a las comunidades frente a los atropellos a sus derechos humanos y al despojo validado por esta ley neoliberal. Exigimos a la empresa abstenerse de cualquier acto de intimidación e intromisión en el territorio”.

Foto: archivo m

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