La Comisión para el Acceso a la Verdad de los abusos cometidos de 1965 a 1990 convocó a víctimas, perpetradores, exempleados de las agencias de seguridad del Estado a aportar información sobre las violaciones graves a derechos humanos cometidos durante ese periodo conocido como “guerra sucia”.

En conferencia de prensa, los comisionados Eugenia Allier Montaño, David Fernández Dávalos –ex rector de la Ibero en Puebla- y Carlos Pérez Ricart señalaron que el objetivo de la convocatoria es recuperar entre 2 mil y 3 mil testimonios de personas que hayan sido víctimas de una política de seguridad en contra de cualquier tipo de disidencia, política, social o cultural.

Aunque no se pueden hablar de un universo total de víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, refirieron que la desaparición forzada de personas “está alrededor de mil”.

David Fernández Dávalos indicó que a estos casos se suman alrededor de 800 asesinatos de personas relacionadas con el extinto Frente Democrático Nacional. Asimismo, dijo que han empezado a documentar otras matanzas, “por ejemplo, masacres en la sierra norte de Puebla o en Hidalgo”, cada una con alrededor de 300 asesinatos.

Entre las víctimas de estos hechos, además de las asociadas a organizaciones disidentes y político-militares, están las de la comunidad de la diversidad sexual, trabajadores sexuales y mujeres que abortaron.

Este proceso igualmente está abierto a perpetradores o gente que haya trabajado en la policía o en el Ejército.

Fernández Dávalos explicó que una hipótesis que están buscando demostrar es que durante los años 50, 60 y 70 principalmente, los organismos de seguridad del Estado hacían tres cosas: ofrecer seguridad política al Estado, es decir, castigar y aniquilar a organizaciones disidentes político-partidarias y político-militares; administrar el crimen y legitimar disciplinando a las disidencias.

Foto: archivo m

gse