Integrantes del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, así como de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, presentaron dos demandas de amparo ante la justicia federal como consecuencia de las recientes reformas a las leyes secundarias para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este paquete de reformas consistió en cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2022.

Los cambios legales se enmarcan en un proceso de profundización de la militarización de la vida pública y son un mecanismo para dar fuerza jurídica a la transferencia mencionada, en sentido contrario a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la naturaleza de la Guardia Nacional, indicaron los inconformes.

La participación de los integrantes de la Universidad en estas acciones de defensa jurídica ante el Poder Judicial de la Federación se enmarca en la estrategia impulsada por organizaciones de la sociedad civil para defender el carácter civil de la seguridad pública, mismo que ha sido materia de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, disponiendo que las Fuerzas Armadas únicamente pueden participar en esta área de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, se expuso.

Por lo anterior, “hacemos un llamado al titular del Ejecutivo federal para analizar esta política tendiente a la militarización del país, toda vez que la misma se traduce en afectaciones indirectas en la garantía de los derechos humanos, dejando en indefensión a quienes son víctimas de violaciones graves a las prerrogativas fundamentales”.

Asimismo, extendieron este llamamiento a las autoridades jurisdiccionales, a fin de que, cobijen una efectiva protección de los derechos humanos, apuntalen la vigencia de la seguridad ciudadana y aseguren una efectiva división de poderes frente a políticas que ponen en riesgo la salvaguarda de los derechos humanos.

Foto: archivo m

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