Realizar labores de protección del Espacio Aéreo Nacional; modificar el marco legal para la operación de su empresa Olmeca-Maya-Mexica y abrir la posibilidad de crear firmas en los campos ferroviario y aeroportuario, son algunas de las capacidades que desea fortalecer la Sedena.

 

Y ha buscado tener el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, y que los elementos de esta organización tengan fuero de guerra. 

 

 

Se observa el intercambio de anteproyectos de ley que reciben opiniones técnicas de otras dependencias, como la Secretaría de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Economía, Relaciones Exteriores y la Guardia Nacional. 

 

La Unidad Jurídica trabaja de la mano con la Consejería Jurídica de la Presidencia, instancia que actualmente encabeza María Estela Ríos González y que se ha encargado de revisar y aprobar las iniciativas de la Sedena.

 

 

En otros casos, las propuestas se canalizan a través de legisladores de Morena. 

 

La estrategia utilizada para que las iniciativas se presenten a través de un “legislador afín al gobierno”, se revela en un correo del 12 enero de 2021, enviado a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

 

En un correo electrónico enviado por el jefe de la Sección de Procesos Legislativos de la Sedena se lee:

 

 

 

En junio de 2022, la Sedena buscó una reforma a la Constitución para formalizar el pase de la Guardia Nacional a la Sedena, sugerían que la propuesta la presentara el Presidente. 

 

Finalmente se apostó por reformar las leyes secundarias.

 

A la fecha, la Sedena ha logrado la aprobación de diversas reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la GN, con base en la información de las Gacetas Parlamentarias del Senado y de la Cámara de Diputados y en el Diario Oficial de la Federación.

 

 

 

 

 “Se considera inviable toda vez que la actual legislación contempla la regulación de los artificios”, detalla la “postura institucional” del Ejército. 

 

En otro documento del 11 de julio de 2022, la Sedena desaprueba una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que pretendía ampliar las instancias en donde la Comisión Nacional de Búsqueda puede consultar información para ubicar a una persona desaparecida.

 

“La iniciativa se considera inviable por lo siguiente: en caso de que alguna autoridad de las mencionadas en la propia ley requiera información de alguna instalación militar, están facultadas por conducto del Ministerio Público, a fin de que disponga los actos de investigación que considere pertinentes”, detalla en uno de tres incisos. 

 

 

“Esta Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena no formula observación alguna respecto a la reforma del Reglamento Interior de la ANAM, ya que su contenido se ajusta a los resultados de las reuniones que se llevaron a cabo para su elaboración”, dice un correo para Lenia Batres Guadarrama, consejera adjunta de Legislación y estudios Normativos de la CJEF.

 

Foto: Semanario Zeta

LSM