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Indagará CDH si negaron protección a Esmeralda Gallardo

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El organismo solicitó un informe a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y al ayuntamiento de Puebla

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del estado de Puebla abrió una queja para determinar si Esmeralda Gallardo había solicitado protección a las autoridades y no se la proporcionaron, como parte del riesgo de buscar a su hija desaparecida en enero de 2021.

La madre buscadora fue asesinada por personas con armas de fuego en la madrugada del 4 de octubre de 2022, en la colonia Villa Frontera, de la ciudad de Puebla.

A través de un comunicado expuso que solicitó un informe a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y al ayuntamiento de Puebla, a fin de que aporten información relacionada con los

Hechos, como parte del expediente de queja 7124/2022.

Asimismo, requirió a la Fiscalía General del Estado informe si dentro de la carpeta de investigación iniciada por la desaparición de la hija de la hoy occisa, Betzabé Alvarado, se realizó alguna solicitud de protección por parte de algún integrante su familia o del Colectivo “Voz de los desaparecidos”, y si esta fue otorgada.

Así como, un reporte si ha iniciado la investigación por la muerte de la madre y el estado en el que se encuentra el expediente.

La CDH Puebla sostuvo que realizará las diligencias necesarias y determinará los resultados una vez concluida la investigación.

“Este organismo constitucionalmente autónomo condena todo tipo de violencia incluyendo la feminicida a mujeres, niñas y adolescentes en el estado”, expuso.

Cabe señalar que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un pronunciamiento para condenar por el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo.

Destacó que la mujer no contaba con protección y ello muestra el alto riesgo y desprotección en que familiares de personas desaparecidas se ven obligadas a realizar labores de búsqueda y exigencia de justicia.

Recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) reiteró al Estado Mexicano “su obligación de prevenir y sancionar las acciones que criminalizan, intimidan, persiguen y estigmatizan a las personas desaparecidas, sus familiares o las personas que los acompañan”.

 

 

Foto: ESimagen

 

gse

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