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Pensaron que el exauditor los iba a proteger con una vulgar extorsión: MBH

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El gobernador señaló que la anterior Auditoría Superior del Estado no cumplía con su función de revisar el manejo financiero de los ayuntamientos

La anterior Auditoría Superior del Estado (ASE) no cumplía con su función de revisar el manejo financiero de los ayuntamientos y algunos ediles pensaron que el auditor los iba a proteger a cambio de “una simple y vulgar extorsión”, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Así lo expuso al ser cuestionado sobre el informe de la cuenta pública de 2020 correspondiente al municipio de Puebla, encabezado por la ex alcaldesa morenista Claudia Rivera Vivanco, a quien le requieren justificar el gasto de 1 mil 878 millones de pesos.

El mandatario expuso que no puede pronunciarse sobre irregularidades que apenas se dan a conocer y que las autoridades de aquel tiempo tendrán oportunidad de hacer las aclaraciones correspondientes.

“La diferencia es que antes la anterior Auditoría Superior no lo estaba haciendo. Acordaban cosas. Ahí se empantanaron algunos: pensaron que el auditor los iba a proteger a cambio de una simple y vulgar extorsión. Hoy la Auditoría está haciendo su función, ahí va a empezar el procedimiento”.

Sostuvo que hoy el organismo cumple con su función de revisar el manejo financiero de los ayuntamientos y así hará los reportes necesarios para que se sigan los procedimientos legales.

Cabe señalar que a finales de marzo, el Congreso removió de su cargo al ex auditor Francisco Romero Serrano, al argumentar que se encontraba imposibilitado física y jurídicamente para ejercer su cargo debido a su detención por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por enfrentar una denuncia por violencia familiar.

A mediados de mayo, Amada Gómez Nava fue designada por el Congreso como nueva auditora superior, tras su paso por la Secretaría de la Función Pública en el gobierno estatal.

Ayer se dio a conocer el informe de la cuenta pública 2020 del ayuntamiento de Puebla, en la que se observan presuntos sobrecostos en obras, falta de justificación de obras de inversión, de comprobantes en la entrega de apoyos a juntas auxiliares, y hasta en el pago de electricidad.

 

Foto: especial

 

gse

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