El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón, de la Ibero Puebla, lamenta el pronunciamiento DGDDH/067/2022, en el que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anuncia su negativa a interponer acción de inconstitucionalidad ante las reformas para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La negativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a interponer acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión para transferir el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), atenta contra la vigencia de los derechos humanos en el país y la consolidación de un estado democrático.

La CNDH justi­ca su rechazo a interponer el recurso de control constitucional para el que está facultada argumentando que dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena es admisible siempre y cuando su participación se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos excepcionales. Sin embargo, esto implica una violación a los preceptos constitucionales e internacionales, y un desconocimiento del contexto de agravamiento de las violencias y violaciones a derechos humanos a consecuencia de la militarización de la seguridad.

La militarización de la seguridad no es un fenómeno nuevo en México. Dicha estrategia no ha disminuido de manera signi­ficativa la delincuencia, ni ha redundado en que la ciudadanía se sienta más segura. En vez de ello, el enfoque militarizado de respuesta a la delincuencia organizada se ha sumado a los factores que explican la grave crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos. Por lo que consolidar el control administrativo, operativo y organizativo de la Guardia Nacional por la Sedena, representa un grave riesgo para el ejercicio de los derechos humanos.

La militarización de la Guardia Nacional contraviene diversas disposiciones internacionales; no solo aquellas referentes a las características que debe cumplir la participación del ejército en tareas de seguridad pública (extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y ­scalizada), sino también las recomendaciones realizadas a México sobre retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad de forma gradual, ordenada y medible.

Pero, además, con su decisión, la CNDH mina aún más su ya cuestionada legitimidad, renunciando a la posibilidad de ser un balance democrático y activar, así, el sistema de pesos y contrapesos que debería caracterizar cualquier sistema democrático.

Por lo anterior, Ibero Puebla insta a la CNDH a asumir su responsabilidad como contrapeso al poder, actuar con autonomía y acatar sus obligaciones constitucionales de proteger los derechos humanos e interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales que vulneren los derechos humanos consagrados en el orden constitucional y convencional.

foto: especial

mca