El gobierno de México ratificó la demanda civil impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) ante una Corte federal de Florida, Estados Unidos, con la que busca recuperar 250 millones de dólares en activos acumulados de manera presuntamente ilegal en ese país por Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

El portal Animal Político expuso que este proceso se da mientras que en México la indagatoria penal abierta desde 2020 en contra del propio García Luna por posible corrupción, lavado y delincuencia organizada, a partir de una denuncia también de la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR), aún no ha logrado avanzar a tribunales, confirmaron a este medio autoridades federales.

Hacienda elaboró y presentó dos oficios ante la Corte del Onceavo Distrito Judicial del Condado de Miami, suscritos por el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla —quien funge como consejero jurídico de la SHCP—, y el titular de la UIF, Pablo Gómez.

En dichas misivas, revisadas por Animal Político en fuentes públicas judiciales de Estados Unidos, los funcionarios ratifican la legalidad de la demanda promovida a través de la UIF para recuperar los referidos activos, pues —argumentan— dicha área cuenta con facultades legales incluso en el extranjero para impulsar juicios que permitan al Estado mexicano “recuperar recursos que se encuentren intencionalmente ocultos y fuera del alcance directo de autoridades mexicanas”.

“He revisado una copia de la demanda interpuesta por los Estados Unidos Mexicanos en el presente proceso, y confirmo la plena autoridad legal y reglamentaria que tiene la UIF para representar a la SHCP y a los Estados Unidos Mexicanos en este procedimiento”, asentó Gómez en su comunicación.

México ratificó la legalidad de esta demanda luego de que la defensa de García Luna y de la familia Weinberg —empresarios que son acusados como coconspiradores del extitular de la SSP— cuestionaran en tribunales de Miami las facultades del entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, para haber contratado en 2020 a un despacho privado, Krupnick Campbell Malone Slama Buser Hancock, PA —conocido como KCM—, a través del cual se presentó la demanda. Este hecho también es investigado en México por la Fiscalía Anticorrupción de la FGR.

Foto: archivo m

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