Estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” se manifestaron y tomaron este martes las instalaciones de su plantel en Teteles de Ávila Castillo, en protesta por los alcances de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el desalojo registrado en junio de 2021 en la ciudad de Puebla.

Señalaron que la investigación de la CNDH está incompleta y no garantiza los derechos de las víctimas, que son 32 alumnas de la institución, nueve estudiantes de la Escuelas Normales Rurales ubicadas en Ayotzinapa, Guerrero, Amilcingo, Morelos y Tiripetio, Michoacán, además de dos choferes.

En conferencia de prensa cuestionaron que en el documento recomendatorio, la CNDH no señale la presunta violencia sexual sufrida por normalistas rurales, mujeres y hombres, durante su detención, ni tampoco se realizaron los peritajes adecuados para investigar tortura a estudiantes de Ayotzinapa.

“En el mismo sentido, la CNDH omitió comunicarse con las víctimas, previamente a la emisión de la Recomendación, para recabar sus opiniones o recibir aportaciones al expediente de queja, prerrogativas que son derechos humanos”.

Asimismo, estimaron que debió ser un punto recomendatorio, la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno estatal, las autoridades educativas de Puebla y representantes de la base estudiantil de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”.

Acusaron que como castigo por la organización de la marcha conmemorativa de los hechos

objeto de la recomendación, tres compañeras fueron expulsadas.

Los recursos de impugnación a tales sanciones fueron presentados el 11 de julio 2022, sin embargo, la Dirección de Formación Docente de Puebla no ha contestado casi dos meses después, aseguraron.

Estimaron que existe la pretensión de “desmantelar y privatizar” a la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, a través de un proceso de certificación educativa, por lo que se manifestaron en contra.

Además demandaron de nueva cuenta la renuncia o remoción del director Antonio García

Ordoñez; de Leticia Martínez Barrientos, subdirectora Académica; y de Emilio Guerrero

Becerra, subdirector Administrativo, por “la comisión de múltiples delitos y faltas administrativas”, entre ellas la presunta intención de desalojarlas de sus dormitorios.

Foto: especial

gse