El 58% de quienes han ingresado, son personas en prisión preventiva, sin juicios ni condenas que prueben que son culpables de algún delito.

 

La población de personas en prisión preventiva oficiosa o justificada creció en 17 mil 565 para llegar a un total de 92 mil 595, con base en los datos de los anexos del Cuarto Informe de Gobierno.

 

Al menos cuatro de cada 10 mujeres y hombres encarcelados en México sean presuntos culpables sin condena.

 

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y el amparo en revisión 355/2021, y con ello, la viabilidad de la medida de prisión preventiva oficiosa o automática, que es una de las modalidades con las cuales las autoridades encarcelan a personas sin necesidad de llegar a un juicio.

 

La mayor parte de la población penitenciaria en el país se concentra en el fuero común, es decir, en cárceles estatales. Tan solo en 2014 estos lugares alcanzaron cifra récord de ocupación con 206 mil 767 personas privadas de su libertad. Durante los siguientes cuatros años, esta cifra disminuyó hasta llegar a 165 mil 213, una reducción de 41 mil 554, con base en os datos del gobierno federal 

 

A partir del 2019 con la llegada de López Obrador, la cifra de personas en estos centros de reclusión aumentó nuevamente hasta llegar a 197 mil 734.

 

Recordemos que el Ejecutivo presentó diversas reformas en materia penitenciaria, que fueron aprobadas por todos los partidos y que permitieron sumar al artículo 19 de la Constitución una veintena de delitos que ameritan prisión automática.

 

Contrario a esto, la población penitenciaria del fuero federal ha tenido un constante decremento desde 2014 hasta 2021, al pasar de 48 mil 871 presos a 28 mil 652, tendencia interrumpida hasta este año, en el que se tiene registro de un aumento de 530 personas nuevas que llegaron a estos centros penitenciarios de septiembre de 2021 a junio de 2022.

 

Como estrategia para la “recuperación y dignificación de las cárceles” en México, AMLO propuso la “despresurización” de centros penitenciarios estatales de 24 entidades.

 

Del 1 de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022, se trasladó a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) a 3 mil 210 personas que, según el gobierno federal, “representaban un riesgo” en sus cárceles de origen.

 

 

La mayor cantidad de traslados de centros estatales a federales se registró en el Estado de México, donde mil 357 personas fueron trasladadas. Siguieron Guanajuato, Chihuahua, Guerrero y Puebla, de donde se trasladó a 318, 176, 158 y 150 reos, respectivamente, refiere el Cuarto Informe de gobierno.

 

A junio de 2022 la población de personas privadas de la libertad en el país ascendía a 226 mil 916 personas, de las que 8.3% se encuentra en estos centros federales. Esto es 18 mil 749 personas, de las cuales casi 40% se encuentran en calidad de “procesadas” (7 mil 394).

 

El gobierno presume como un aspecto positivo que la cantidad total de reos en estas cárceles federales representa una ocupación del 65.7%, ya que a nivel nacional se tiene registro de una sobrepoblación de 9 mil 787 reos en las 289 cárceles, pues éstas solo tienen capacidad para 217 mil 129 personas.

 

En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, donde concluyó que “existe un generalizado abandono institucional por parte de las autoridades” en las cárceles del país, lo que se evidencia en las condiciones de estos lugares.

 

El estudio dio cuenta de diversas deficiencias para garantizar una alimentación suficiente y adecuada para las y los reos; inexistentes áreas médicas debidamente equipadas; falta de agua y drenaje dentro de los centros; insuficiente personal de guardia y custodia, entre otras irregularidades que violan los derechos de los reos a una habitabilidad digna.

 

Incluso, documentó la falta de una efectiva separación entre personas sentenciadas y procesadas, lo que se traduce en que hombres y mujeres convivan sin distinción dentro de las cárceles. 

 

El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN,  el 17 de agosto, informó que en las próximas semanas el máximo tribunal del país discutiría dos asuntos referentes a la convencionalidad y constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa.

 

“Estos asuntos son de una enorme relevancia, pueden cambiar la historia de la vida de miles de personas y pueden cambiar también el paradigma sobre el que se ha asentado la persecución de los delitos en México”, dijo.

 

El ministro Zaldívar ha insistido en que en el país la mayoría de las personas sujetas a esta medida son de escasos recursos, por lo que aplicar la prisión de forma automática es aplicar “una condena sin sentencia, que, por regla general, castiga la pobreza”.

 

 

El 70% de las personas a las que se les aplica la medida de prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, según la investigación “Prisión preventiva: el arma que encarcela pobres e inocentes”.  

 

 

Así mismo arrojó que las mujeres son las personas que han sido más perjudicadas por esta medida. Tan solo de 2019 a agosto de 2021, la tasa de mujeres en prisión preventiva sin sentencia, es decir, legalmente inocentes, pasó de 10.2 a 14.2 por cada 100 mil mujeres.

 

El gobierno de López Obrador pidió a la SCJN mantener en la Constitución la figura de prisión preventiva oficiosa, bajo el argumento de que eliminarla significa una medida negativa para la seguridad pública del país.

 

“Es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado”, afirmó AMLO.

 

El 25 de agosto, justo el día en que la Corte informó que el futuro de la prisión preventiva oficiosa en México sería discutido a partir de este lunes 5 de septiembre, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aprovechó para ir más allá y asegurar que eliminar esta medida representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.

 

Esto, a pesar de que tanto organismos internacionales como organizaciones de derechos humanos y especialistas en la materia han criticado esta figura al considerar que su aplicación es violatoria de derechos humanos, pues a pesar de que debería ser utilizada como excepción termina siendo la regla.

 

Foto: Diario TRV

LSM