El gobierno federal no ha brindado información sobre el proceso que se sigue sobre el ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, detenido en 2021 sólo bajo cargos de tortura contra la periodista Lydia Cacho, quien reveló la existencia de una red de tráfico sexual en Quintana Roo.

Así lo expuso el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su “Informe sobre Trata de Personas Julio 2022”, que está firmado por su titular Antony Blinken, y que da cuenta de la situación de este delito alrededor del mundo.

En el documento de más de 600 páginas, se expone que las autoridades mexicanas no proporcionaron información o “actualizaciones” en el caso del exgobernador de Puebla,

arrestado en febrero de 2021 “por ordenar la tortura y el arresto ilegal en 2005 de una periodista que expuso la supuesta participación del funcionario en una red de tráfico sexual infantil”.

Lydia Cacho acusó al empresario Kamel Nacif de participar en esa red, por lo que el aludido la demandó por difamación y en 2005 fue arrestada, supuestamente con el apoyo de Mario Marín, a quien se ubicó como amigo del textilero.

La dependencia estadounidense cuestionó que el gobierno federal tampoco haya condenado a ningún funcionario por complicidad en delitos de trata el año pasado.

En el reporte se indica que el año pasado en Puebla, un estado identificado como uno de los que tienen la mayor prevalencia de trata de personas, las autoridades estatales remitieron a tres víctimas a un refugio para víctimas de este delito.

Corrupción y complicidad, afectan combate

Se indicó que la corrupción y la complicidad oficial en los delitos de trata siguieron siendo motivo de preocupación en el país, inhibiendo la aplicación de la ley.

Estados Unidos señaló que el gobierno federal operaba una línea directa y un sitio web abiertos al público para denunciar casos de corrupción que involucren a funcionarios públicos, pero no informó haber recibido ningún caso relacionado con el tráfico de personas.

“En 2021, las autoridades investigaron y detuvieron a servidor público por presunta participación

en delitos de tráfico sexual infantil, pero no proporcionaron detalles sobre el estado de la investigación o si se han presentado cargos”.

Asimismo las autoridades mexicanas arrestaron y acusaron a dos ex empleados de un partido político nacional –el PRI-, incluido su exlíder, por presuntamente dirigir una operación de tráfico sexual con recursos del partido; un sospechoso adicional fue aprehendido y permaneció en custodia, mientras que otros dos sospechosos no fueron detenidos.

Reparte culpas a estados

El en informe se expone que fiscales mexicanos colaboraron en 13 casos con autoridades de otros países para combatir este delito, pero los niveles de capacidad, la dotación de personal y la financiación variaban ampliamente en las Fiscalías especializadas a nivel estatal.

“Fiscalías en las comunidades rurales e indígenas estaban particularmente faltos de personal y

carecían de recursos suficientes para enjuiciar de manera eficaz los delitos de trata. La coordinación entre los niveles estatal y federal siguió siendo lenta”.

Expuso que autoridades de cuatro estados: Ciudad de México, Estado de México, Baja California y Nuevo León realizaron más de la mitad de todas las investigaciones en 2020, mientras que las autoridades de Durango, Guanajuato y Colima no investigaron casos sospechosos.

El gobierno identificó a los estados de Veracruz, Tlaxcala y Guerrero como de alta prevalencia de trata, pero las autoridades de estos estados no condenaron a ningún traficante durante al menos

el 2021.

Las ONG informaron que las autoridades en todos los niveles de gobierno carecían de suficiente comprensión de las leyes de trata y fracasaron para identificar y derivar de manera efectiva a las posibles víctimas.

Foto: archivo m

gse