Dos jóvenes de Puebla y Morelos, acusados de equipar drones con explosivos para los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación, están por librar una condena de 30 y 22 años de prisión debido a que los agentes ministeriales que recabaron las pruebas en su contra ingresaron a su domicilio sin una orden de cateo, informó el diario Reforma.

Y aunque un día después regresaron con la orden, cuando se comprobó cómo se habían conducido los agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) una juez federal advirtió que no iba a ser comparsa de «cateos simulados» y anuló 11 de las 13 evidencias con las que se pretendía llevar a juicio a los dos detenidos.

En la audiencia intermedia celebrada el pasado 14 de julio, la juez Marcela Elizabeth García Cante, del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, declaró que las pruebas fueron obtenidas por la FGR en una acción que transgredió el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio sin una orden judicial.

Sólo uno de ellos será llevado a juicio, pero será por la posesión de una pistola y 35 cartuchos que fueron asegurados en un cateo en otro domicilio. Contra su supuesto cómplice, no habrá ningún cargo. Por el momento, ambos permanecen presos en el penal de San Miguel de la capital poblana.

Los objetos fueron asegurados en un inmueble del Fraccionamiento Villa Maple, ubicado en San Pedro, Cholula, Puebla.

El 16 de abril de 2021 los dos jóvenes fueron aprehendidos por el Ejército en Puebla y Morelos, y desde entonces se encuentran presos.