Puebla, Pue.- Con la reactivación económica, también se han incrementado el número de sanciones a los giros negros en Puebla y desde del mes de octubre del año pasado, hasta la fecha, se han clausurado al menos 200 negocios.

Cuando se hace referencia a la denominación giros negros parece ser que todos hablamos de lo mismo, que se trata de un centro de vicio que funciona al margen de la ley, que es una expresión común que permite identificar negocios que fomentan la realización de conductas ilícitas.

Sin embargo, las implicaciones que cada persona otorga a esos vocablos llegan a ser tan amplias que incluye establecimientos a los que asista cualquier persona a divertirse sin realizarse actos de depravación, pero que generen molestia a los vecinos por ruido excesivo o porque se utilice la vía pública para el servicio de estacionamiento, hasta aquellos que permiten la distribución de narcóticos o en donde se ejerce la prostitución.

Lo cierto es que no existe definición legal, jurídica o etimológica que permita ubicar a alguna negociación como "giro negro" y desde ahí comienza la problemática para distinguir entre un establecimiento legalmente autorizado para realizar actividades encaminadas a proporcionar diversión a cualquier persona, de aquellos que permiten, propician o fomentan la realización de conductas ilegales.

El director de Normatividad del Ayuntamiento de Puebla, Enrique Guevara Montiel, confirmó que, del 15 de octubre del 2021 a junio de este año, han clausurado al menos 200 giros negros en la ciudad de Puebla.

“Muchas de las clausuras son por no respetar horarios, ya que algunos bares o antros llegan a funcionar como after. Una clausura es muy molesta, pero si no violan el horario no van a recibir las revisiones”, destacó el funcionario poblano.

Refirió que la multa máxima es de 300 UMAS, cerca de 35 mil y la mínima de cinco mil y la licencia de funcionamiento de ese tipo de negocios es diferenciado, pero el tope máximo de cierre es a las tres de la mañana.

“Hay negocios que ya no vuelven a abrir porque al final de cuentas, al no contar con ningún permiso tienen que pagar 38 mil pesos y es más costoso volver a abrirlo”, concluyó Enrique Guevara.

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