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Nuevo amparo contra Tramo 5 del Tren Maya
México.- La situación para la construcción del Tren Maya sigue empantanada, lo que representa un retraso de esta obra que ha promovido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que la batalla legal se mantiene.
En la batalla legal contra el Tren Maya, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron ante el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Quintana Roo, una demanda de amparo contra el Tramo 5 de esta mega obra que avanza sobre la selva virgen y un vulnerable sistema de cuevas, cavernas y cenotes, sin presentar a evaluación la Manifestación de Impacto Ambiental.
Este nuevo recurso legal cuestiona la exención del permiso ambiental en la sección más riesgosa del Tren Maya que conecta Playa del Carmen con Tulum, a través de 121 kilómetros de un hábitat clave para especies amenazadas como el pez ciego, grandes felinos y primates, así como los flujos subterráneos del acuífero de la Península de Yucatán.
La demanda de las organizaciones ambientalistas impugna la "autorización provisional", emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que toma como base el Acuerdo del 22 de noviembre de 2021 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que declara las obras del Gobierno de México como “de interés público y seguridad nacional”.
También hace referencia a la violación del Acuerdo de Escazú, dado que el gobierno de México inició las obras, negando el acceso a la información y la participación pública en la toma de decisiones ambientales, como es el cambio en el trazo de la ruta.
“Con el Acuerdo Presidencial, que da paso a las autorizaciones provisionales sin previa evaluación de impacto ambiental, se están violando los derechos a la información, a la participación pública en materia ambiental, el derecho a un desarrollo sustentable, el derecho a la legalidad, a la par que deja sin efecto los principios de prevención, precaución, y lo estipulado en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)”, advirtió Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.
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