La diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD, impulsa una iniciativa que reforma el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de incluir como requisito para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, la obligación para las dependencias y entidades de presentar un análisis de factibilidad urbano-regional.

La propuesta, turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, refiere que ese análisis deberá presentarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contener los beneficios que la obra tendrá en la región, así como los aspectos negativos y el listado de medidas de mitigación de impactos detectados con costo estimado.

Para registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la SHCP, se deberá presentar la evaluación costo y beneficio, además del análisis de factibilidad urbano-regional correspondiente.

Sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables.

Considera que establecer la obligación del análisis de factibilidad regional permitirá, incluso, conocer los riesgos sociales que los proyectos conllevan. “Grandes obras de infraestructura se han convertido en elefantes blancos a causa de la falta de estos estudios”, subraya.

Resalta que esta modificación normativa contribuirá a mejorar la toma de decisiones en la Administración Pública Federal.

Resalta que de acuerdo al Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 48 entre los 141 países analizados en el Índice de Competitividad Global de 2019. No obstante, ese mismo reporte arrojó que el país tiene rezagos en materia de infraestructura pública.

Por otro lado, argumenta que según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, México se ubica en uno de los últimos lugares en el tema de infraestructura, al obtener 2.85 puntos de 5 posibles, por la poca factibilidad logística que tiene la infraestructura pública.

Foto: archivo m

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