Debido a que Fuerza por México obtuvo menos de 3 por ciento de votación que establece la ley para poder mantener el registro, el partido entró en un proceso de liquidación. Sin embargo, pese a lo anterior, su dirigente nacional pagó presuntamente 33 millones de pesos de manera irregular a proveedores.

El dictamen sobre la revisión de gasto de Fuerza por México, será votado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que obligará al poblano a devolver en un plazo de cinco días la cantidad señalada.

De lo contrario, Gerardo Islas y Lucía Arzaruz, en su calidad de líderes del partido, lo mismo que Pablo Enrique Gutiérrez, secretario de Administración, pueden enfrentar delitos electorales que alcanzan hasta 9 años de cárcel.

Adicional, propone retener el financiamiento mensual por 8.7 millones de pesos que recibe aún dicha fuerza política –Fuerza por México impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la pérdida de registro- y pedir a las autoridades de cada estado donde tienen registro hacer lo mismo.

Fotografía archivom

clh