Amnistía Internacional acompañó este miércoles a diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) en la audiencia temática “Situación de los derechos humanos de mujeres y niñas en el contexto de las protestas en México”, efectuada en el marco del 181° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Durante la sesión se denunció que los poderes ejecutivos de diversos estados del país han respondido con el uso indebido de la fuerza, violencia sexual, acoso y hostigamiento físico y digital, así como con discursos estigmatizantes, a los movimientos feministas y de derechos humanos que han alzado la voz para exigir al Estado acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, así como el combate efectivo a la impunidad en los casos de feminicidio, transfeminicidio y otras violencias.

Las personas representantes de las OSCs señalaron que durante 2020 y 2021 documentaron la represión policial en manifestaciones encabezadas por mujeres en Aguascalientes, Sinaloa, Quintana Roo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Estado de México y Ciudad de México.

A través de un comunicado se indicó que las exposiciones y denuncias de las OSCs estuvieron relacionadas con: las leyes que restringen o criminalizan la protesta social; la militarización y el uso de la fuerza en contextos de protestas; la violación al derecho a reunión pacífica y libertad de expresión con especial énfasis en la estigmatización de la protesta social y acoso digital y la documentación de la represión policial durante 2020 y 2021 en manifestaciones encabezadas por mujeres en al menos nueve estados de la República Mexicana.

En la sesión, personas representantes de las OSCs destacaron que las manifestaciones encabezadas por mujeres, a pesar de ser mayoritariamente pacíficas, han sido estigmatizadas como violentas, violando con ello el derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión, que está protegido por el derecho internacional de los derechos humanos.

Advirtieron que en todos los casos, durante las detenciones y traslados de las mujeres detenidas, varias de ellas, incluidas niñas, sufrieron violencia física de distinto tipo, así como amenazas y abuso verbal y sexual basada en estereotipos de género.

Las OSCs, con el apoyo de Amnistía Internacional, solicitaron a la CIDH el monitoreo diferenciado de las movilizaciones encabezadas por mujeres en el país, así como un pronunciamiento ante presuntas violaciones en su contra y una revisión de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza dada su naturaleza contraria a los derechos humanos.

Las peticiones incluyen la intervención de la CIDH para que el Estado mexicano respete las movilizaciones de mujeres, investigue las violaciones en su contra y se abstenga de criminalizarlas.

Las OSCs demandaron también la adopción de mecanismos de supervisión sobre la operación policial y medidas específicas para el fortalecimiento del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como la implementación de una política pública integral para garantizar el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.

En su intervención, el Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Maldonado, señaló que en contextos de protestas las mujeres y las niñas son víctimas de violaciones a sus derechos y que con frecuencia enfrentan serios retos para recibir una atención y reparación integral del daño adecuadas.

Por su parte, la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís Sámano, reconoció a nombre del Estado mexicano el uso excesivo de la fuerza en los hechos ocurridos en Quintana Roo, Guanajuato, Ciudad Juárez, Ecatepec y Querétaro, por ser violatorios de los derechos humanos y del derecho a la manifestación de las mujeres.

Las organizaciones que participaron en esta sesión fueron: Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, además de Amnistía Internacional México.

Foto: archivo m

gse