El grupo parlamentario del PRI, encabezado por su coordinador Rubén Moreira Valdez, rechazó la reforma al Artículo 151 de Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que propone que los donativos también se sujeten a la limitante global en las deducciones personales, porque esto desmotivaría a personas físicas a apoyar a organizaciones de la sociedad civil ante la restricción para descontar estas aportaciones.

En un comunicado, Moreira Valdez aseveró que el PRI seguirá trabajando en favor de la sociedad mexicana, por lo que revisarán y darán la batalla en temas relativos al IVA, la inclusión de jóvenes al SAT y el campo.

Reconoció que la dirigencia de Alejandro Moreno ha girado instrucciones para que no se afecte a las y los mexicanos con ataques a la sociedad civil, por lo que adelantó que su bancada presentará reservas en la discusión que inicia a partir de este lunes en el Palacio de San Lázaro.

"Si no les dan, que no les quiten", destacaron las y los diputados federales Yerico Abramo Masso, Ana Lilia Herrera, Norma Aceves García, Melissa Vargas, Jaime Bueno, Blanca Alcalá, Ildefonso Guajardo y Laura Barrera, quienes evidenciaron que con este tipo de acciones el gobierno de Morena muestra su insensibilidad, una vez más, con la labor social que realiza la sociedad civil en favor de grupos vulnerables y en temas que conciernen y benefician a todos los mexicanos.

Precisaron que la modificación propuesta el 8 de septiembre de 2021 por el Ejecutivo Federal, implica la limitación de los donativos de personas físicas a donatarias autorizadas, por la cantidad resultante menor a 5 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir 163 mil 467 pesos o el 15 por ciento del total de ingresos del contribuyente, incluyendo los ingresos por los que no se pague impuestos.

Las y los legisladores estimaron que, de aprobarse estas modificaciones, implicarían una afectación a más de 5 mil organizaciones donatarias, constituidas por un total de 8 mil 221 millones 294 mil 801 pesos, perjudicando acciones de asistencia jurídica, orientación en problemáticas de maltrato y violencia, apoyo a personas con discapacidad y servicios médicos, atención a procesos educativos de niñas, niños y adolescentes, ayuda en sus tratamientos médicos y hospitalarios, así como apoyo en albergues y casas hogares.

Además, manifestaron su preocupación por la afectación que pueden tener personas en condición de discapacidad y las mujeres. Reclamaron que durante los últimos tres años el Gobierno Federal haya acorralado a estas organizaciones, reduciendo drásticamente sus recursos financieros.

Indicaron que aunque se trata de una medida que busca recaudar más impuestos, es poco lo que le representaría al erario y mucho para las organizaciones de la sociedad civil, ya que perjudicaría a 2 millones de familias en condición de vulnerabilidad.

Por parte de las OSC, Tania Ramírez, presidenta de la Red de Derechos de la Infancia en México (Redim), calificó la propuesta del Ejecutivo como medida con efectos regresivos en términos de derechos humanos. Recordó que ya hubo bajas entre este tipo de organizaciones cuando la actual administración decidió dejar de darles apoyo y puntualizó que el 74 por ciento de las OSC reciben recursos en carácter de donatarias calificadas.

David Pérez Rulfo, presidente de Corporativa de Fundaciones, advirtió que la intención es un tema recaudatorio por parte del Ejecutivo, pero el gobierno no entiende que lo que se dona no es lo que el Estado deja de recaudar, ya que el trabajo de las OSC multiplica cinco veces ese valor a la hora de ayudar.

Kenji López, presidente de Cáncer Warrior, dijo que a mayor trabajo de la sociedad civil hay tristemente mayor restricción.

Foto: Cámara de Diputados

gse