La Constitución establece el derecho universal a la salud con la concurrencia de la Federación y los estados. Los trabajadores y sus familias sin acceso a la seguridad social representan en promedio anual 25 por ciento de la población. Los atendidos por el IMSS constituyen un promedio de 72 por ciento, y los trabajadores del Estado y sus paraestatales otro 3 por ciento. Para la atención del primer grupo la ley confiere a los estados esta función, para lo cual les envía para su atención gratuita anualmente en promedio 40 por ciento de los recursos asignados a los estados y al IMSS para servicios de salud, o sea, una suma más que proporcional a la población atendida.

El incumplimiento estatal de ese objetivo dio pie a la creación del Seguro Popular, que era un mecanismo de financiamiento a esta población marginada para la atención de un grupo restringido de las enfermedades que más contribuyen a su mortalidad. Los recursos asignados al Seguro Popular duplicaron el gasto federal en atención a la salud a través de los estados y el IMSS, y todo este aumento fue asignado a los estados para atender a los desatendidos, lo que aumentó aún más la inequidad en el gasto, ya que para atender a 25 por ciento de la población los estados reciben 70 por ciento de la totalidad de los recursos. Aun así, no se ha logrado cobertura universal para los atendidos por los estados, ante un clima de discrecionalidad, ineficiencia y corrupción reportados múltiplemente en las auditorias de la Auditoría Superior de la Federación.

La creación del Insabi sustituyendo al Seguro Popular no ha logrado tampoco su cometido de universalidad, porque por un lado han sido pocos los estados que han entregado la operación a este instituto para homologarlos y fortalecerlos y, por otro, la mayoría de los estados gobernados por la oposición se han negado a firmar convenios con el Insabi.

Es por eso que la iniciativa del Presidente de que sea el IMSS Bienestar el brazo ejecutor de la universalidad de estos servicios es prometedora, porque se concentrarán paulatinamente sus operaciones en una institución sólida cuyas prácticas están homologadas a las del IMSS, por lo que finalmente podrían quedar homologados los servicios a todos los mexicanos.

Columna Consciencia de Patricia Armendariz en Milenio

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CRC/clh