Puebla, Pue.- Más de 60 organizaciones y espacios académicos, encabezados por la Universidad Iberoamericana de Puebla, cuestionaron la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla presentada por el gobernador Miguel Barbosa Huerta al Congreso local.

A través de un pronunciamiento este lunes, hicieron un llamado a los diputados para que se garantice que la ley que se apruebe contenga los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.

Señalaron que aunque la iniciativa oficial contiene elementos importantes para una buena armonización legislativa, también advirtieron que no incorpora en su glosario, y en algunos casos en el desarrollo mismo de la iniciativa, definiciones para áreas de resguardo, búsqueda inmediata, fosa clandestina, fosa común y fosa individualizada.

No reconoce condiciones de preferencia sexual y de orden social, económico, histórico y cultural como parte del enfoque diferencial y especializado que presenta como principio orientador.

Debilita al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas al no sujetar su actuación a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas aprobados por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.

Así como limitar su integración y no incorporar a actores como la Secretaría de Planeación y Finanzas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

No obligar a las autoridades que lo integran a fortalecer la actuación del Consejo Estatal Ciudadano a través de la entrega en tiempo y forma de la información que requiera.

No incorporar estándares internacionales de estructura, proceso y resultado para rendir cuentas y no darle el mandato de garantizar que el personal que participe en acciones de búsqueda reciba la capacitación y certificación necesaria y adecuada.

Pone en riesgo las capacidades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla al no establecer un proceso abierto, transparente e inclusivo para la designación de su titular, con el acompañamiento de las familias y otros actores sociales.

No obligar que la información que genere quede sujeta a las reglas de acceso a la información y protección de datos personales; y no garantizar una estructura necesaria para su funcionamiento.

Asimismo no garantiza la participación de las familias en las acciones realizadas por los grupos de trabajo para la búsqueda de personas y el análisis del fenómeno de desaparición.

Señalan que limita las capacidades del Consejo Estatal Ciudadano al reducir la participación de familiares y de especialistas en su integración; y no darle atribuciones para evaluar la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas.

No considera la creación de un Fondo Estatal de Desaparición, contiene menos estándares en materia de identificación humana con pautas científico-forenses de carácter multidisciplinario y conclusiones integradas del proceso de identificación.

No reconoce derechos centrales de las víctimas directas como el de ser buscadas de forma independiente al delito de desaparición y presunción de vida, y deja fuera de las medidas de reparación integral a las víctimas medidas de restitución, rehabilitación y compensación.

Las organizaciones y espacios académicos solicitaron a los diputados su intervención a fin de que en la revisión conjunta de las dos iniciativas que existen sobre el tema puedan rescatarse las bondades de ambos proyectos con la finalidad de garantizar que la ley que se apruebe contenga los más altos estándares de protección para las personas desaparecidas y sus familiares.

Foto: archivo m

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