El empresario Kamel Nacif Borge obtuvo un amparo que lo libera de toda responsabilidad por el delito de tortura presuntamente cometido contra la periodista Lydia Cacho, lo que anularía la orden de aprehensión en su contra, por la que el gobierno de México solicitó su traslado desde el Líbano, donde ahora se encuentra.

Así lo expuso este martes la periodista Lydia Cacho en conferencia de prensa acompañada por integrantes de la organización Artículo 19.

Señalaron que el Tercer Tribunal Colegiado en el estado de Quintana Roo determinó que la aprehensión y tortura ejercida contra Cacho en diciembre de 2005 no tuvo relación con la publicación de su libro “Los Demonios del Edén: el poder de la pornografía infantil en México”, donde se hace mención de Kamel Nacif.

Destacaron que el jueves 15 de julio, el Tercer Tribunal Colegiado otorgó un amparo liberando al empresario textil con negocios en Puebla de toda responsabilidad por el delito de tortura en contra de la periodista, “con esta determinación se abre camino para la absolución del resto de los acusados”.

El órgano judicial señaló en su sentencia que los hechos ocurridos los días 16 y 17 de diciembre de 2005, cuando Lydia fue aprehendida y torturada durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, no tuvieron relación con la publicación del libro.

El amparo en revisión -bajo el número 143/2021- fue resuelto por mayoría, con el voto a favor de Selina Ahidé Avante Juárez, magistrada ponente del asunto, y Graciela Bonilla González, secretaria de tribunal en funciones de magistrada. El voto en contra fue del magistrado Jorge Mercado Mejía.

En abril pasado, el Segundo Tribunal Unitario de Quintana Roo negó un amparo a Kamel Nacif. Ante ello, el empresario interpuso este recurso de revisión, que finalmente resolvió el Tercer Tribunal Colegiado, en el mismo estado, liberándolo de toda responsabilidad.

Cacho y Artículo 19 consideraron que hubo un análisis profundamente sesgado al momento de valorar las conversaciones telefónicas entre el exgobernador de Puebla, Mario Marín, referenciado en ellas como “el gober precioso”, y Kamel Nacif, reveladas en febrero de 2006.

El Tercer Tribunal Colegiado consideró que cuando Marín dice que acababa de dar “un pinche coscorrón a esta vieja cabrona (sic)”, se trata de una afirmación “vaga y genérica” que en México es utilizada para identificar a una mujer. “Pero ante la falta de precisión de algún nombre, no puede concluirse que entre todas las mujeres del mundo, los que intervinieron en la llamada se referían en específico a la sujeto pasivo [Lydia]”.

En sus razonamientos, las magistradas consideraron que “no hay prueba fehaciente” sobre la existencia de una orden para torturar a la periodista por publicar el libro y que, todo lo sucedido y vivenciado por ella, se reduce a la responsabilidad de los dos policías que detuvieron a Cacho. Incluso, consideraron poco relevante que automóviles propiedad de Nacif acompañaran de forma ilegal a los policías judiciales durante el traslado de Cacho en el trayecto de Puebla-Cancún-Puebla.

“Para un país donde la tortura, particularmente la de índole sexual contra mujeres, es una práctica generalizada y la violencia contra la prensa es una constante que se registra cada 13 horas, el mensaje de las autoridades judiciales es devastador al favorecer la impunidad”, se expuso.

Destacaron que la sentencia además denota un profundo desconocimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y tiene una clara intención de exonerar a todos los autores intelectuales.

“Lo sucedido está lejos de ser simplemente una mala decisión. En octubre de 2020 la defensa de Lydia Cacho obtuvo información –de una fuente judicial que pidió anonimato– sobre la operación corruptora de Marín y Nacif para evitar una nueva orden de aprehensión, que finalmente fue librada en diciembre de ese año. La fuente señala a exconsejeros de la judicatura federal, que  intervinieron directamente a las y los magistrados”, agregaron.

Exigieron una investigación pronta, imparcial, independiente y eficaz sobre los presuntos actos de corrupción en el seno del Poder Judicial de la Federación y se garantice una justicia imparcial, independiente y transparente en el resto del proceso en contra de los otros autores materiales e intelectuales.

Foto: archivo m

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