Puebla, Pue,.- La Fundación Mary Street Jenkins anunció este miércoles que presentará denuncias penales contra quienes resulten responsables ante la negativa de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada para cumplir el mandato judicial federal de restituir la administración del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

A través de un comunicado destacó que el 16 de julio la Fundación obtuvo una suspensión de amparo otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede Puebla, para que las instalaciones, su administración y cuentas bancarias fueran devueltas al patronato que preside Margarita Jenkins de Landa, sin embargo ello no se ha acatado.

Cabe señalar que la Junta, dependiente del gobierno estatal, impugnó la suspensión provisional que ganó la Fundación para recobrar la administración del campus universitario y señaló que el fallo no tiene efectos para desconocer al nuevo patronato, remover a Armado Ríos Piter y reinstalar como rector a Luis Ernesto Derbez Bautista.

A través de un comunicado, la Fundación Mary Street Jenkins señaló hoy que ante la “desobediencia reiterada” se advierten conductas ilícitas y delitos federales, cometidos desde la toma de las instalaciones pasado 29 de junio, entre los que se encuentran allanamiento, usurpación de funciones y falsedad en informes previos rendidos ante la autoridad judicial.

Sostuvo que José Daniel Vázquez Millán, presidente de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), ha sido responsable de imponer un patronato, que a su vez nombró a Armando Ríos Piter como rector de la UDLAP, lo que violó mandamientos judiciales y estatutos de la universidad.

A su vez acusó la “fabricación de órdenes de aprehensión sin pruebas, patrocinadas desde el Gobierno del Estado de Puebla, que demuestran un clima de persecución que tiene la finalidad de inhibir los efectos de la suspensión para recuperar el campus de la universidad y evitar, a través de las amenazas, la presencia física de las autoridades universitarias en sus instalaciones, lo que representa un conjunto de irregularidades para apropiarse de un patrimonio privado; por lo que además constituye un despojo con tintes de expropiación de facto que amenaza la certidumbre de los poblanos”.

La Fundación sostuvo también que hay señalamientos sin pruebas para sostener “una campaña dolosa” que usa la fuerza del gobierno estatal para normalizar una serie de atropellos inadmisibles en un Estado de Derecho.

Las órdenes de aprehensión las dictan los jueces: Barbosa

Cuestionado sobre el señalamiento de la Fundación, el gobernador Miguel Barbosa expuso que quien dicta las órdenes de aprehensión, previa judicialización de la Fiscalía General del Estado, son los jueces, no el gobierno estatal.

“Y los jueces dictan órdenes cuando hay pruebas. No voy a responder más”, expuso.

Foto: archivo m

gse