Puebla, Pue.- La Mesa Directiva del Congreso local llamó a Rodolfo Huerta, diputado suplente, ante la falta definitiva del propietario, José Juan Espinosa Torres, quien está en Houston, Texas, luego de una investigación que emprendió la Fiscalía General del Estado (FGE) en su contra por el presunto daño patrimonial que asciende a 100.6 millones de pesos, durante su periodo como edil de San Pedro Cholula.

Durante la Sesión Ordinaria de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva expresó que en virtud de las faltas injustificadas por parte del legislador del PT y en términos del Artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Puebla calificó como falta de interés por parte del diputado cumplir con sus obligaciones constitucionales por lo que llamó a su suplente a ocupar el cargo.

“Esta presidencia da cuenta que en virtud de las faltas injustificadas en la que ha incurrido el diputado José Juan Espinosa Torres y en términos por los artículos 49 de la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica, esta Mesa Directiva califica como falta de interés del diputado para cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales por lo que en términos de los dispuestos locales llámese al diputado suplente”, apuntó.

Es importante mencionar que a finales del mes de octubre de 2020, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó dos denuncias penales contra el diputado del PT José Juan Espinosa Torres, por los delitos de peculado, fraude, asociación delictuosa y abuso de autoridad, además se presume que el daño patrimonial en el que incurrió el entonces edil de San Pedro Cholula asciende a los 100.6 millones de pesos.

El órgano fiscalizador especificó que las irregularidades detectadas corresponden a los ejercicios fiscales 2015, 2016 y 2017, cuando fue presidente municipal de San Pedro Cholula y consisten en bienes y servicios facturados que sus "proveedores" no entregaron al ayuntamiento.

“La primera denuncia es por peculado, fraude, asociación delictuosa y abuso de autoridad; se presume un desvío de recursos por más de 85.3 millones de pesos. No existe evidencia del registro de bienes y servicios facturados que sus "proveedores" hubieran entregado al ayuntamiento”, refiere en redes sociales.

Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se espera que sea este organismo el que deslinde responsabilidades.

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