San Andrés Cholula, Pue.- “La Udlap no debe ser rehén de nadie” es la manta de arranque de la manifestación que en estos momentos llevan a cabo estudiantes, padres de familia y trabajadores de la Universidad de las Américas Puebla, la cual en días recientes fue inundada de uniformados con armas, para que se diera cumplimiento a la orden de un juez.

“No queremos armas, queremos estudiar”, “Libre sí, armas no”, “Yo si le voy, le voy a los verdes” y “No queremos armas, queremos estudiar”, “Gobierno opresor, libera a la Udlap”, son algunas de las consignas que lanzan en su paso por la calle que da a la parte posterior del campus, identificada como la zona de antros en San Andrés Cholula.

Los manifestantes repudiaron la intervención del gobierno en la vida institucional.

La presencia de los policías inició el pasado 29 de junio por el conflicto legal que tiene nuevo patronato con los herederos de la fundación Mary Street Jenkins, acusados de llevar a paraísos fiscales 720 millones de dólares.

El gobierno estatal justificó que la Policía Estatal apoyó el cumplimiento de la medida cautelar ordenada por un juez por medio de la cual queda al frente del patronato de la Udlap, Horacio Magaña Martínez.

La medida ha sido calificada desde el inicio como ilegal y hoy los estudiantes lo reiteraron, por lo que exigen la salida del campus del personal armado.

La orden del Poder Judicial también autorizó el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras.

La incertidumbre prevale entre los alumnos, porque el rector Ernesto Derbez está involucrado en las demandas, y acusado de delitos como lavado de dinero. Mientras que reprobaron las formas mediante las cuales los nuevos integrantes del patronato han intentado acercarse a los diferentes sectores de la comunidad Udlap.

Antecedentes de la disputa por la Fundación Mary Street Jenkins

La familia Jenkins entró en conflictos legales por la disputa de 700 millones de dólares que William O. Jenkins dejó de herencia vía la Fundación Mary Street Jenkins. El monto estaba bajo la operación de sus familiares, pero para beneficio de los poblanos.

Debido a que los herederos a integrantes de la referida fundación alteraron las actas constitutivas para poder hacer uso de los recursos que enviaron a un paraíso fiscal, ahora enfrentan órdenes de aprehensión emitidas por un Juez de Control del Estado de Puebla por delitos como lavado de dinero, entre otros.

Tras la muerte del empresario William O. Jenkins su fortuna la heredó a la Fundación Mary Street Jenkins, nombre de su esposa fallecida, por la que creó la fundación en 1954, misma que en sus estatutos tenía por regla que el capital de la institución no debía ser utilizado por ningún motivo y que los actos de beneficencia debían provenir únicamente de los intereses o productos generados por ese capital.

Fue en noviembre de 2013, que la mayoría de los miembros de la familia Jenkins –excepto Guillermo Jenkins de Landa, uno de los nietos de William O. Jenkins- modificaron los estatutos de la fundación para hacer uso del capital de la fundación.

El siguiente paso fue el uso de una segunda fundación: Fundación Bienestar de Filantropía, creada por Manuel Mestre Martínez, en ese momento patrono de Mary Street Jenkins.

Fue el 30 de abril de 2014, que la fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares, prácticamente todo su capital, a la Fundación Bienestar de Filantropía. La transacción comercial se trató de una simulación debido a que los representantes legales de la fundación Mary Street Jenkins eran los abogados Alejandro González Muñoz y Virgilio Rincón Salas y por parte de la Fundación Bienestar de Filantropía, Carlos Román Hernández, socio del despacho de abogados que ofrecía servicios a la familia Jenkins.

La ilegalidad en el cambio de estatutos quedó asentada en la resolución emitida en mayo de 2020.

En diciembre del 2014, la Fundación Bienestar de Filantropía migró su domicilio social a Barbados y para noviembre de 2015, a Panamá, bajo una fundación de interés privado –utilizada para disposición patrimonial-, bajo el nombre de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, que tiene como beneficiarios a la familia Jenkins.

Fotografía captura de pantalla

clh