San Andrés Cholula, Pue.- Este día, la presencia de la Policía Estatal en la Universidad de la Américas Puebla fue para cumplir la medida cautelar ordenada por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, por medio de la cual queda al frente del patronato de la Udlap, Horacio Magaña Martínez.

La medida ha sido calificada como ilegal y autoritaria por parte de la Fundación Mary Street Jenkins y denominada una “invasión armada” por Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Udlap.

La orden del juez, emitida el 28 de junio del año en curso y ejecutada este día, consiste “en poner en posesión al Patronato de la Universidad de las Américas Puebla y/o Fundación Universidad de las Américas Puebla, Institución de Beneficencia Privada, por conducto del C. Horacio Magaña Martínez, en su carácter de presidente de dicha fundación de la denominada Universidad de las Américas Puebla (…) ordenando específicamente al señor Luis Ernesto Derbez Bautista y/o cualquier otra personas que ejerza algún puesto administrativo y/o administrativo y/o de seguridad y/o que labore en la universidad indistintamente, se abstenga de impedir el cumplimiento al mandamiento referido”.

Lo anterior, se puede leer en el siguiente oficio que fue circulado en redes sociales, el cual fue emitido y firmado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara.

También el oficio referido precisa que se autoriza el uso de la fuerza pública y el rompimiento de cerraduras.

Adicional, el rector de la Udlap y la Fundación Mary Street Jenkins indicaron que las cuentas bancarias de la institución habían sido congeladas.

Llega la Policía Estatal a la Udlap

Antes del mediodía, alumnos y personal académico fueron desalojados de una de las instituciones con más prestigio en la entidad poblana, ante la presencia de elementos de la Policía Estatal que resguardaban las instalaciones.

Pasaron horas y la confusión seguía en las redes sociales, incluso un comunicado falso apareció, para explicar lo que sucedía en las instalaciones de la universidad con sede en los límites de la capital poblana y el municipio de San Andrés Cholula, debido a que ninguna de las fuentes oficiales fijaba postura.

Habla la Fundación Mary Street Jenkins

“Es un acto ilegal, autoritario, un atropello grave al estado de derecho. La violación a la suspensión federal constituye un fraude a la ley”, dice el comunicado de prensa emitido por la Fundación Mary Street Jenkins.

“Se deja en claro que esto es parte de la campaña de desprestigio en contra de esta fundación y acusa que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada busca imponer a diversas personas con la finalidad de apropiarse de los recursos y de la institución, hoy están afectando los estudios e investigaciones de cientos de alumnos y profesores”.

Derbez Bautista denunciará “invasión armada”

Por la tarde noche, el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista anunció que denunciará los actos de la “invasión armada” que sufrió este día la institución académica a su cargo.

Responsabilizó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de los hechos que tienen la finalidad de imponer a un nuevo presidente del patronato.

Recordó que desde el 2013 inició la disputa por el control de la Fundación Mary Street Jenkins que encabeza Margarita Jenkins de Landa, quien cuenta con el aval de un juez federal como la única persona responsable del patronato de la “Udlap”.

“Con el uso de la fuerza pública armada, con pistolas y rifles de largo alcance, llegó y se presentó al campus; de manera arbitraria tomaron las instalaciones para imponer un nuevo patronato en el campus de la institución (…) jamás pondría en riesgo la vida de empleados, académicos y estudiantes de la universidad”, manifestó el rector a través de una trasmisión vía zoom.

Sobre la actuación del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, señaló que permitió el abuso de la fuerza, romper candados y chapas. Además de sacar a miembros de la comunidad de sus trabajos, sin miramiento alguno, y tolerar el bloqueo de las cuentas bancarias.

“Esta acción representa un acto de humillación e intimidación a la comunidad universitaria (…) me preocupa que la calidad académica, que habíamos construido, reconocida mundialmente, no localmente, no nacionalmente, está hoy en riesgo.

Exigimos a las autoridades del estado, abundó, a esta junta que no me voy a cansar de repetir que hace todo menos cuidar de las instituciones, liberen las instalaciones por respeto a la ley y a la dignidad de la comunidad Udlap.

El ex presidenciable, anunció que denunciará al juez que concedió este desalojo y a los integrantes de la junta, entre otros.

Antecedentes de la disputa por la Fundación Mary Street Jenkins

La familia Jenkins entró en conflictos legales por la disputa de 700 millones de dólares que William O. Jenkins dejó de herencia vía la Fundación Mary Street Jenkins. El monto estaba bajo la operación de sus familiares, pero para beneficio de los poblanos.

Debido a que los herederos a integrantes de la referida fundación alteraron las actas constitutivas para poder hacer uso de los recursos que enviaron a un paraíso fiscal, ahora enfrentan órdenes de aprehensión emitidas por un Juez de Control del Estado de Puebla por delitos como lavado de dinero, entre otros.

Tras la muerte del empresario William O. Jenkins su fortuna la heredó a la Fundación Mary Street Jenkins, nombre de su esposa fallecida, por la que creó la fundación en 1954, misma que en sus estatutos tenía por regla que el capital de la institución no debía ser utilizado por ningún motivo y que los actos de beneficencia debían provenir únicamente de los intereses o productos generados por ese capital.

Fue en noviembre de 2013, que la mayoría de los miembros de la familia Jenkins –excepto Guillermo Jenkins de Landa, uno de los nietos de William O. Jenkins- modificaron los estatutos de la fundación para hacer uso del capital de la fundación.

El siguiente paso fue el uso de una segunda fundación: Fundación Bienestar de Filantropía, creada por Manuel Mestre Martínez, en ese momento patrono de Mary Street Jenkins.

Fue el 30 de abril de 2014, que la fundación Mary Street Jenkins donó 720 millones de dólares, prácticamente todo su capital, a la Fundación Bienestar de Filantropía. La transacción comercial se trató de una simulación debido a que los representantes legales de la fundación Mary Street Jenkins eran los abogados Alejandro González Muñoz y Virgilio Rincón Salas y por parte de la Fundación Bienestar de Filantropía, Carlos Román Hernández, socio del despacho de abogados que ofrecía servicios a la familia Jenkins.

La ilegalidad en el cambio de estatutos quedó asentada en la resolución emitida en mayo de 2020.

En diciembre del 2014, la Fundación Bienestar de Filantropía migró su domicilio social a Barbados y para noviembre de 2015, a Panamá, bajo una fundación de interés privado –utilizada para disposición patrimonial-, bajo el nombre de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, que tiene como beneficiarios a la familia Jenkins.

Fotografía Especial

clh