Puebla, Pue.- Dejen que el estado de derecho se aplique por las autoridades y no para influir con desplegados, porque la ley no distingue a los grupos de privilegio, advirtió el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al CCE, la Coparmex y el Consorcio Universitario, luego de que publicaron un desplegado en donde demandan el respeto a la legalidad y el diálogo antes que el uso de la fuerza pública sobre el conflicto interno en la Universidad de las Américas (Udlap) y la Fundación Mery Street Jenkins.

El mandatario estatal lamentó que ante la toma del nuevo patronato de la Udlap, está surgiendo un tema político, debido a que la anterior administración, volvió a  utilizar a estudiantes y a la comunidad universitaria para fines de defensa de intereses, además dijo que ninguna de las partes atentan contra la comunidad universitaria, sin embargo, la están utilizando, ya que se metió el CCE, la Coparmex y el Consorcio Universitario por la publicación de un desplegado como mediadores del conflicto.  

Agregó que las autoridades se informan o tienen conocimientos de muchos hechos por vía de la prensa, ya que ser gobierno no implica tener una investigación de todo, ya que en casos de conflictos de intereses, los particulares siempre acuden a los medios de comunicación para entregar documentos y desplegados y lo vuelven noticia.

Por lo anterior, previó que si la Universidad de las Américas y los miembros del nuevo Patronato a cargo de Horacio Magaña Martínez, no se ponen de acuerdo, esta bola de nieve seguirá creciendo, porque se darán a conocer más revelaciones de cómo se manejó la fundación Mary Street Jenkins y la Udlap.

Es importante mencionar que ayer el gobernador Barbosa Huerta informó que un juez civil de la Ciudad de México fue quien ordenó que el campus de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) quedará en posesión de un nuevo patronato a cargo de Horacio Magaña Martínez, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sólo apoyó en esa diligencia judicial.

El jefe del Ejecutivo estatal indicó que la Udlap es originalmente de la fundación Mary Street Jenkins, la cual ha enfrentado diversos litigios en los últimos años por el movimiento de su capital y propiedades a otras organizaciones y países como Panamá, tema que ya ha sido denunciado por uno de sus integrantes.

Foto: Archivoe

cdch