Por orden de un juez, el Patronato de la Fundación Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP) recuperaría este martes los bienes que estaban bajo custodia de la Fundación Mary Street Jenkins, incluido el campus de la institución.

Así se indicó en un comunicado con membrete de la universidad que circuló en redes sociales y fue enviado a correos de medios de comunicación, aunque en cuentas oficiales y la página de la UDLAP no aparecía.

Una hora después la universidad informó que no había emitido comunicado alguno, pero tampoco ofreció una versión de la intervención de las autoridades.

En el documento se indicaba que el Patronato legalmente constituido de la Fundación Universidad de Las Américas Puebla promovió ante el Poder Judicial de la Ciudad de México un juicio ordinario civil con el propósito de recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, “a través de un conjunto de actos delictivos de simulación y de operaciones con recursos de procedencia ilícita que han sido previamente denunciados ante la autoridad ministerial federal y local”.

En el marco del procedimiento judicial, el juez de la causa dictó una medida cautelar consistente en otorgar al Patronato la inmediata posesión de la Universidad De las Américas Puebla, con el propósito de garantizar el normal funcionamiento de la institución y la prestación regular de los servicios que desde su creación han definido su misión educativa y académica.

Asimismo, ordenó a las actuales autoridades administrativas, incluido el rector, abstenerse de realizar cualquier acto de disposición sobre el patrimonio de la Universidad, a ejercer cualquier representación legal previamente otorgada, así como a impedir en cualquier vía el cumplimiento del mandamiento.

Se expuso que a través de un exhorto al Poder Judicial de Puebla, el juez de la causa solicitó la ejecución de la medida cautelar y el auxilio de la fuerza pública.

Por ello este martes se habrían presentado en el campus de la institución elementos de la Policía Estatal y Auxiliar de Puebla, los cuales tomaron los accesos de la recta a Cholula y de la 14 oriente.

A la universidad llegó personal del Poder Judicial del Estado y de la Fiscalía General del Estado, presuntamente a fin de dar cumplimiento al mandato judicial.

El personal de la institución fue obligado a desalojar las instalaciones, así como alumnos que se encontraban en laboratorios y bibliotecas.

Vehículos oficiales se retiraron del lugar con cajas con documentos y dos camionetas tipo Chevrolet Express propiedad de la institución fueron aseguradas y remolcadas con grúas.

En mayo pasado el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, ordenó el embargo precautorio de bienes y cuentas de la familia Jenkins para garantizar que se devuelva el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, que fue “donado” a otra fundación que ahora tiene su sede en Jalisco.

Emitió una orden al director del Instituto Registral y Catastral de Puebla para que no modifique el registro de los bienes inmuebles que los Jenkins donaron en 2014.

También ordenó el embargo de un helicóptero Agusta y de todos los bienes inmuebles propiedad de la familia.

El embargo responde a una demanda presentada el 12 de marzo por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, por la donación de unos 14 mil millones de pesos que tenía la Fundación Mary Street Jenkins en cuentas bancarias y propiedades.

La Fundación promovió un amparo ante el Juez primero de distrito en materia civil de la CDMX para detener todas las medidas dictadas en su contra, el cual fue negado el 13 de mayo, según constancias verificadas por el diario Reforma.

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Gse