La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas llamó a garantizar el derecho a la protesta social en el estado de Puebla, tras la agresión que sufrieron familiares de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril en la Fiscalía General del estado el pasado 21 de mayo.

El organismo que forma para del gobierno federal destacó que la familia de la joven que murió en 2018 protestaba de forma pacífica para exigir avances y resultados en la investigación iniciada por el delito de feminicidio con la participación de integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y otras personas.

“Durante el desarrollo de dicha protesta, personas servidoras públicas adscritas a dicha dependencia habrían reprimido con excesivo uso de la fuerza a la gente que se encontraba participando en la manifestación y documentando la misma, por lo que resultaron heridos familiares de la víctima, activistas, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y reporteros”, se agregó.

El Mecanismo de Protección indicó que todas las autoridades tienen la obligación constitucional de garantizar el respeto irrestricto de todos los derechos humanos, particularmente el derecho a la libre manifestación de ideas y el derecho a la protesta social pacífica de todas aquellas personas que deseen expresar su legítimo reclamo por justicia y esclarecimiento de estos crímenes.

Por lo anterior, la Junta de Gobierno integrada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y el Consejo Consultivo Ciudadano, condenó categóricamente estos hechos e hizo un llamado enérgico a las autoridades estatales para garantizar la no repetición de estas acciones, por medio de la investigación de las mismos y la adopción de medidas preventivas.

“Reiteramos que es obligación de las autoridades de todos los niveles de gobierno, contribuir a la no discriminación o estigmatización de cualquier forma de protesta o manifestación pacífica, así como buscar el diálogo para atender los reclamos sociales y construir las condiciones adecuadas para que todas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ejerzan de forma segura su labor en todos los contextos”, se concluyó.

Foto: archivo m

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