Que no se “soben las manos” las escuelas privadas con la invalidez de 9 artículos de la Ley de Educación de Puebla, ya que no se trata de armar un nuevo texto, sino sólo de realizar consultas en áreas vinculadas a inclusión y población indígena.

Así lo expuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien destacó que el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no implica anular toda la legislación.

Este martes magistrados de la Corte invalidaron por unanimidad nueve artículos de la Ley de Educación del estado de Puebla, por aprobarse sin una consulta previa a comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos.

El acuerdo se tomó en sesión virtual del pleno, tras discutir las acciones de inconstitucionalidad que presentaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y legisladores locales, tras su aprobación en mayo de 2020.

La sentencia ordena al Congreso del estado a realizar una consulta pública en un plazo de 18 meses, a fin de reponer el proceso legislativo.

Sobre ello, Barbosa Huerta argumentó que la Ley poblana que propuso el gobierno estatal el año pasado incluye los mismos términos de la Ley General de Educación que legisló el Congreso de la Unión.

“No obstante eso (la SCJN) los declara inconstitucionales no por su contenido, sino porque no se llevaron a cabo las consultas que la Constitución prevé cuando se trata de leyes destinadas a indígenas”.

Asentó que la Ley de Educación del estado sigue vigente y el Congreso local tendrá que realizar las consultas requeridas, con las que colaborará el gobierno estatal.

“Pero que no se soben las manos los privados, que ellos van a volver a replantear la Ley de Educación, se trata solamente de unos artículos de la ley”, destacó.

Indicó que las autoridades poblanas consideraron en 2020 que no era necesaria una consulta porque el mismo texto de la Ley General se replicó en Puebla.

Cabe señalar que el año pasado instituciones de educación privada en Puebla se inconformaron con la ley ya que consideraron ambiguos artículos que endurecen la fiscalización de las escuelas, el manejo de cuotas, la impartición de servicios y la imposición de multas.

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