¿Tiene o no fuero el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca? Esta es hoy la principal pregunta de un escándalo político que, como pocos, ha puesto en jaque al país.

Antes de acusar al mandatario tamaulipeco es necesario investigarlo y antes de investigarlo es necesario quitarle el fuero. La Constitución no prevé atajos ni pasadizos: la primera puerta se abre con la llave del desafuero, la segunda con la investigación y la tercera con la acusación.

Sin embargo, el pasado miércoles 19 de mayo, el juez federal de distrito Iván Aarón Zeferín Hernández, saltándose la secuencia, dictó orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca por el delito de delincuencia organizada.

Este funcionario del Poder Judicial federal, cuyo nombramiento es apenas de enero de 2021, pudo haber delinquido contra la administración de justicia y cabe imaginar un escenario en dónde sea él, y no el gobernador, quien termine tras las rejas.

El artículo 225 del Código Penal Federal (fracción XIX) dice que comete un delito quien abra “procedimiento penal contra un servidor público, con fuero, sin haberlo retirado previamente”.

En otras palabras, en la hipótesis de que García Cabeza de Vaca conserve aún el fuero, el juez Zeferín Hernández tendría que ser encausado criminalmente.

Si bien es cierto que la Fiscalía General de la República (FGR) y el juez que dictó la orden de aprehensión consideraron que el pasado mes de abril, el mandatario perdió el fuero gracias al juicio de procedencia celebrado por la Cámara de Diputados, también lo es que, tanto el Congreso local de Tamaulipas, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen una opinión contraria.

El Legislativo tamaulipeco se negó a retirar el fuero al gobernador argumentando que, conforme a la Constitución local, no es San Lázaro quien puede desaforar, en última instancia, al mandatario estatal.

Confirmó la interpretación local la decisión del ministro de la SCJN, Juan Luis González Alcántara, quien refrendó la libertad del Congreso local para no asumir como propio el juicio de procedencia de la Cámara de Diputados.

Así las cosas, el caso García Cabeza de Vaca es una moneda que no toca aún el suelo: o tienen razón San Lázaro y la Fiscalía o bien la tienen el Congreso local y la SCJN.

Quien suponga que este arroz ya se coció – el desafuero – peca de arrogante pitonisa.

Se requiere de la frialdad del cirujano para descifrar lo que va a ocurrir. El día de ayer, el Congreso de Tamaulipas presentó una segunda controversia constitucional razonando que tanto la FGR como el juez Zeferín Hernández invadieron facultades.

En los hechos el legislativo tamaulipeco dobló su apuesta: si consigue que la Corte le conceda otra vez razón, tanto el juez como los funcionarios de la fiscalía serán acusados por la comisión de un delito muy delicado.

En cambio, si la Corte interpreta de una manera distinta a como lo hizo la primera vez, será García Cabeza de Vaca quien termine pisando una prisión federal.

Mientras este enredo sigue tejiendo complicaciones, fuera del pleito constitucional unos acusan con enjundia al gobernador García Cabeza de Vaca por narcotraficante y otros lo defienden, también con enjundia, porque lo consideran víctima del uso faccioso de la justicia.

Ciertamente lo que digan ambos bandos es irrelevante. Esta batalla se está llevando a cabo sobre un tablero de ajedrez cuyas piezas son sutiles y quienes las mueven son jugadores expertos.

Debe por otra parte tomarse en cuenta que esta partida no solo involucra la suerte del gobernador acusado, o del juez que lo acusa; al final afectará también las reglas que definen al federalismo mexicano.

Si, posterior a este episodio, la Cámara de Diputados puede desaforar y los congresos locales están obligados secundar automáticamente, el poder nacional – el centralismo– se habrá impuesto sobre el resto de la Federación.

En cambio, si la última palabra respecto al desafuero de un mandatario recae en los Congresos locales, el federalismo constitucional renacerá fortalecido de esta controversia constitucional.

Por tanto, a estas alturas del juego ya no son tema estelar los posibles vínculos de García Cabeza de Vaca con el crimen organizado, o las acusaciones que pudieran hacerse en su contra por tráfico de influencias.

El debate legal ha escalado a tal punto que quien está sometida a juicio es la Carta Magna: la conclusión de este episodio definirá cuán federalista o centralista es el pacto constitucional mexicano.

Desde el primer momento era previsible que esta controversia alcanzaría tal complicación.

Una lectura simultánea y sistemática de las constituciones federal y local era suficiente para prever lo que está sucediendo.

Sin embargo, lo que no era predecible era la debilidad de las acusaciones que la FGR presentó en contra de García Cabeza de Vaca ante la comisión instructora de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que, entre las pruebas presentadas en abril, solamente prosperó un supuesto fraude fiscal por poco más de seis millones de pesos, presuntamente cometido por García Cabeza de Vaca en su declaración del año 2020.

Este supuesto fraude tiene como solución que el gobernador rectifique y pague el adeudo reclamado. De hacerlo así, el juicio de procedencia celebrado por la Cámara de Diputados se quedaría sin materia.

Este argumento igualmente habrá de pesar en el ánimo de la Corte. En caso de concederle razón a la FGR y a San Lázaro, el máximo órgano judicial estaría otorgando valor a futuros juicios de desafuero fundados en pruebas de cargo en exceso endebles.

Una cosa es tirar a un gobernante por causas probables y probadas y otra muy distinta desbarrancarlo con una espada de madera.

El caso García Cabeza de Vaca nació débil. Ello no prueba su inocencia sino la falta de destreza jurídica de sus acusadores y la prisa electorera con que se parió el asunto.

Columna de Ricardo Raphael en Milenio

Fotografía Especial

clh