Puebla, Pue.- El exsecretario de Gobernación de Mario Marín, Valentín Meneses Rojas, habría sido detenido por la venta de preliberaciones a reos de alta peligrosidad en la recta final de aquella administración.

De acuerdo con información de Periódico Central, el proceso judicial en contra de Meneses Rojas estaría vinculado a la venta de al menos siete preliberaciones por cantidades de entre 500 mil y un millón de pesos.

La acusación data de 2013, cuando el entonces gobernador Rafael Moreno Valle, declaró que había denuncias contra dos exfuncionarios por el tema.

En su momento, El Sol de Puebla dio a conocer que Meneses Rojas había liberado a siete presos, de los cuales, tres, habían vuelto a delinquir. Supuestamente las prelibraciones fueron vendidas entre 500 mil y un millón de pesos.

Al dejar en libertad a los delincuentes, Meneses Rojas violó el artículo 19 de la Ley de Ejecución de Sentencias Privativas de la Libertad en el Estado, que precisa cinco fases del tratamiento preliberacional, y el artículo 110 del Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece que el tratamiento preliberacional sólo podrá iniciarse si la persona sentenciada cumple la tercera parte de la sanción que se le impuso.

Para realizar las preliberaciones ilegales Meneses Rojas no estuvo solo, pues tuvo cómplices como el director general de Ejecución de Sentencias y de Medidas, Indalecio Cuesta Torres, que fue quien validó la preliberación que "por acuerdo del Ejecutivo le concedió la Quinta Fase del Tratamiento Preliberacional" en favor del detenido José Carlos Ramos Dávila, según consta en el oficio 000497 que emitió el 21 de enero de 2011, para preliberar a quien purgaba una pena de 42 años de prisión por homicidio calificado y violación tumultuaria.

Por su parte, en su columna “Garganta Profunda”, el periodista Arturo Luna publicó los documentos que prueban que Meneses Rojas firmó las preliberaciones y que, aunque el exfuncionario argumentó que las penas se habían cumplido en más de un 80%, no era así.

Los casos ejemplificados por Luna fueron los de Desiderio Jiménez Viveros, sentenciado a 22 años de prisión por secuestro, le concedió el 14 de enero de 2011 el beneficio de tratamiento preliberacional, saliendo de prisión el 27 de enero de 2011 —cinco días antes del inicio del gobierno morenovallista—, faltándole por compurgar nueve años, 11 meses y nueve días.

José Faustino Pérez Rojas, sentenciado a 19 años de prisión por violación equiparada, le concedió el 22 de diciembre de 2010 el beneficio de tratamiento preliberacional, saliendo de prisión un día después, el 23 de diciembre de 2010, faltándole por compurgar tres años, seis meses y dos días.

Y el de José Luis Pérez Calderón, sentenciado a 14 años y 4 meses de prisión por homicidio calificado, le concedió el 5 de enero de 2011 el beneficio de libertad preparatoria, saliendo de prisión el 6 de enero de 2011, faltándole por compurgar siete años, seis meses y nueve días.

Por su parte, en el 2013, el periodista Héctor Hugo Cruz Salazar publicó en Cambio que los investigados por estas liberaciones eran Filiberto López Zavala, director técnico de los Ceresos de Puebla, y el director de Ejecución de Sentencias, Indalecio Cuesta Torres.

Él señaló que el pago fue de entre 30 y 300 mil pesos, según la gravedad del delito cometido.

Periódico Central

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