Puebla, Pue.- El peritaje final de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sobre las causas de la caída del helicóptero en el que viajaban la entonces gobernadora Martha Érika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle fue puesto en entredicho durante el juicio que se lleva a cabo en esta ciudad contra cuatro personas señaladas como responsables del percance.

El juicio contra los cuatro trabajadores de la empresa Rotor Flight Service, a quienes la fiscalía poblana señala como responsables del accidente aéreo en el que fallecieron Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso, prácticamente desacredita el dictamen de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre la causa del siniestro. Especialistas en aeronáutica consideran improbable que la falla atribuida a la nave en el dictamen de la autoridad federal haya sido la causa. Además, los abogados de los detenidos señalan que éstos sí reportaron el problema, que después de eso el aparato realizó más de 50 viajes y que la decisión de volar fue de Moreno Valle.

En la audiencia inicial de la causa 287/2020, contra el dueño y tres empleados del taller Rotor Flight Service, que se llevó a cabo el pasado 29 de diciembre en la Casa de Justicia de Cholula, el perito en aeronáutica Raúl Sánchez Hernández sostuvo por escrito que la falla simultánea de los dos actuadores de la aeronave presentada como “causa probable” en el peritaje, nunca se ha presentado en la historia de la aeronáutica mundial.

“… El dictamen es una conjetura sin precedente, que si bien pudiera ser posible es muy, pero muy remota”, advirtió el experto, quien hasta el 15 de abril de este año fue encargado del área de peritajes de la Fiscalía General de la República y conoció a detalle la elaboración del Informe final de accidente-dictamen de causa probable (expediente número ACCDTARA004/2018).

Ese peritaje, firmado por José Armando Constantino Tercero, representante de la Agencia Federal de Aviación Civil y publicado el 27 de marzo de 2020, concluye que la “causa probable” de la caída del helicóptero Agusta A109S, matrícula XA-BON, ocurrida el 24 de diciembre de 2018, fue una pérdida de control “debido a un alabeo repentino hacia la izquierda, que no fue recuperado por el piloto”.

“Con base en las evidencias disponibles –arguye el informe– se pudo determinar que el alabeo repentino hacia la izquierda se debió posiblemente a que ambos actuadores lineales de alabeo se extendieran de manera simultánea, sin haber sido comandados.”

El 24 de diciembre, justo cuando se cumplieron dos años del desplome de la aeronave, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) detuvo a José Antonio N., propietario de la empresa Rotor Flight Service; Ricardo N., mecánico; Israel N., especialista en electricidad; y María Magdalena N., especialista en aeronáutica, quienes estuvieron a cargo del mantenimiento de la aeronave.

El mismo día que el juez Salvador Hernández Martínez vinculó a estos primeros detenidos por los delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad en declaración, también fue aprehendido por los mismos cargos Miguel N., otro técnico que trabajaba en ese taller.

Además de acusarlos por la muerte de Alonso Hidalgo y Moreno Valle, así como del asistente de éste, Héctor Baltazar Mendoza, del piloto Roberto Javier Coppe Obregón y del copiloto Marco Antonio Tavera Romero, los detenidos fueron vinculados por daños al terreno en el que cayó la aeronave y por no haber declarado sobre la supuesta falla que el peritaje considera “causa probable” del percance.

Revista Proceso

Fotografía archivom

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