El Estado de México es la entidad con más feminicidios en lo que va del año, 47 registrados de enero a mayo, seguido de Veracruz (35), Nuevo León (30), Ciudad de México (29), Puebla (28) y Jalisco (22). Y aun así, a estos seis estados y a Nayarit (5) y Zacatecas (3) se les acaba de notificar que se les cancela por completo el presupuesto federal que tenían para la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), un mecanismo que se ha decretado en 21 entidades para tomar acciones urgentes que frenen los feminicidios, desapariciones u otras agresiones contra mujeres.

También se le redujo, aunque no en su totalidad, a Quintana Roo y a Tlaxcala, aunque este último no tenía para su Alerta y el recorte fue dirigido al Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).

En total, se cancelaron 37 millones 583 mil 192 pesos a estos 10 estados, que representan el 33.2% de los poco más de 113 millones que ya venían etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que aprueba la Cámara de Diputados, y que ya habían sido aprobados para distribuir en proyectos específicos desde marzo pasado, cuando empezó el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y se rompieron récords de violencia machista.

El oficio que informó del “ajuste presupuestal”, dirigido a los gobernadores, llegó firmado por Candelaria Ochoa el 29 de junio, un día antes de que dejara el cargo como titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la dependencia que regula y vigila las Alertas y los Cejums.

La única justificación fue que los propios Lineamientos del mecanismo señalan que “el otorgamiento del subsidio quedará, en todos los casos, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la CONAVIM para el ejercicio fiscal 2020”. No se señaló ninguna explicación de por qué este estado y no otros, o por qué se retiraba el apoyo a todos los proyectos que tenía aprobados cada entidad y no solo a alguno.

Animal Político contactó a Ochoa para preguntar las razones de los recortes, pero respondió que lo prudente sería hablar con la nueva titular de la Comisión, aunque por ahora permanece acéfala.

Por su parte, Conavim remitió un documento en donde detalló que el 4 de junio su Dirección Administrativa recibió una nota donde se le informó la reducción de partidas presupuestales en los capítulos 2000, de materiales y suministros; 3000, de servicios generales; y 4000, de transferencias, subsidios y otras ayudas. Esta última tendría una reducción específicamente en la partida 43801, de Subsidios a entidades federativas y municipios, que fue aprobada por por la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gobernación (Segob), a la que está adscrita, según un oficio recibido “días después”.

“Lo anterior confirmó el recorte a los recursos destinados a las entidades previamente señaladas, decisión que se tomó externamente. Los criterios utilizados por tales autoridades no nos fueron explicados en las comunicaciones remitidas”, atajó Conavim.

“Esta Dirección General Adjunta desconoce a la fecha los criterios que se usaron en Hacienda para la reducción del subsidio”, reiteró más adelante en el mismo documento.

Oaxaca y Morelos acaparan recursos de AVGM

Nayarit tiene la séptima tasa más alta de feminicidios por 100 mil pobladoras y una Alerta de Género para siete de sus 20 municipios declarada en 2017. El año pasado, había recibido casi 6 millones de pesos de subsidio federal. La directora del Instituto de la Mujer Nayarita (Inmunay), Lourdes Mercado, explica en entrevista que con eso hicieron un programa piloto de creación de redes comunitarias en dos colonias de Tepic con los índices más altos de violencia.

Como funcionó, el plan era replicar esa metodología en los tres municipios indígenas con Alerta. Además planeaban acciones como fortalecer módulos de atención a mujeres víctimas de violencia, diseñar un piloto para la construcción de masculinidades libres de violencia y un programa de prevención de embarazo adolescente, entre otras ocho metas que tenían planteadas.

Pero en abril Conavim rechazó sus propuestas sin más explicación; solo pasó una iniciativa de la Fiscalía General del Estado. Por lo que de los casi 6 millones recibidos en 2019, este año solo serían 1 millón 430 mil pesos. Hasta que la semana pasada se notificó que por el recorte, incluso eso se cancelaba.

“Impacta de una manera tremenda porque es de los pocos subsidios que se tiene para la Alerta de Violencia de Género, porque los municipios no tienen un presupuesto para trabajar el tema, entonces sí es preocupante”, comenta Mercado.

De los 10 estados con ajustes, el documento de Conavim da cuenta de que el monto más alto cancelado fue el de Veracruz, 7 millones, que eran para cinco proyectos; seguido de Puebla, 6.75 millones de dos proyectos; Jalisco, 5.8 millones en tres acciones; y Estado de México, al que le quitaron los 5.38 millones que le habían aprobado en cuatro rubros. A la Ciudad de México se le canceló un remanente que tenía por 1.9 millones.

En cambio Oaxaca, que está en la media nacional de tasa de feminicidios, no vio cancelado ni uno de sus 11 planes por los que recibió 20.8 millones de pesos, tres veces más que Veracruz.

El apoyo a las Alertas de Violencia de Género funciona por proyectos que presentan instancias estatales o municipales. Estos son valorados por un Comité de Evaluación que integran la titular de Conavim y otros dos funcionarios de esa dependencia, un representante de Asuntos Jurídicos de Segob y una persona más proveniente de la sociedad civil.

Ese Comité tuvo dos sesiones ordinarias el 13 y 25 de marzo y una extraordinaria el 27 en las que aprobó subsidios para 53 proyectos de 16 estados —todos los que hicieron propuestas—, que en total sumaban 113 millones 143 mil 720 pesos.

Jalisco, por ejemplo, tenía proyectos para mejorar la seguridad en transportes como Uber o Didi; en el Estado de México, para células de búsqueda de desaparecidas, que ahora quedaron cancelados.

La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, llama la atención de que desde ahí ya había algunas inconsistencias en el reparto del dinero, como el monto que le fue aprobado a Oaxaca de casi 21 millones y a Morelos de 16.9 millones en cuatro proyectos, aunque este último sí tiene la tasa más alta de feminicidios en lo que va del año.

Estos montos incumplen con la propia normatividad de Conavim. El documento “Metodología de evaluación a los proyectos participantes para acceder a los recursos” de la Alerta de Género 2020 establece que el máximo que se le puede dar a una sola entidad es de 15 millones para “evitar la concentración de los recursos federales en una sola región del país” y “exponenciar los beneficios de los subsidios al mayor número de la población”.

Y sin embargo, esos estados, que juntos acapararon una tercera parte del presupuesto asignado, no sufrieron ningún recorte, por lo que ahora se llevarán el 50% del total disponible.

“A los que les quitaron, que ya les habían aprobado, dijeron que fue por un recorte por insuficiencia presupuestaria, pero como gobierno estatal podrían decir: ¿por qué a mí me quitaste todo?, si ya me habías aprobado, al menos me tenías que haber dejado un proyecto, ¿y por qué a otro estado le dejaron todo? Eso ha sido arbitrario, no es claro. Yo de entrada lo veo no claro esa parte”, critica Estrada.

Recortes e incertidumbre para atención a violencia de género

Hace un año se presentó con bombo y platillo la Iniciativa internacional Spotlight para concentrar esfuerzos en acabar con los feminicidios en cinco municipios de México. Las directoras de Conavim y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) estuvieron en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se presumió una inversión de 7 millones de dólares, aunque en realidad era totalmente dinero de la ONU y de la Unión Europea.

Entre los municipios beneficiados a los que se dirigen los esfuerzos están Ecatepec y Naucalpan, del Estado de México. Este año, la Alerta de Violencia de Género les había asignado 960 mil pesos a cada uno con proyectos de la Secretaría de Seguridad. Ahora, mientras recursos internacionales siguen de frenar la violencia machista, el gobierno federal de México no destinará ni un peso.

Activistas y funcionarias públicas consultadas hacen énfasis, sin embargo, en que a nivel local también es una obligación destinar recursos a las Alertas de Género, pero los municipios no destinan presupuesto para esto y a nivel estatal suele ser bajo.

El recorte a las Alertas se suma a la incertidumbre de si otros programas de atención a la violencia contra las mujeres tendrán o no recursos, porque no se ha transparentado a qué rubros se va a aplicar la austeridad por la crisis de COVID-19 en el segundo semestre del año, y el Ejecutivo está tomando decisiones con el Presupuesto de Egresos sin consultar al Legislativo.

La diputada Martha Tagle, integrante de la Comisión de igualdad de Género, advierte que en la Cámara de Diputados ni siquiera fueron notificados de la suspensión de subsidios a la Alerta de Violencia de Género, sino que se enteraron primero por notas periodísticas. Por ello enviaron un comunicado el 6 de julio denunciando una violación al artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que establece que no se puede reducir el presupuesto dirigido a la igualdad entre mujeres y hombres, garantizado en el Anexo 13, sin consultar primero al Legislativo.

Tagle agrega que por eso hay una iniciativa que pretende darle al presidente el control total del presupuesto en caso de una “emergencia económica”, pero por eso la oposición se ha negado a que se discuta y apruebe.

Antes del recorte a las Alertas, en abril pasado las Casas de la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs) denunciaron que se había suspendido el subsidio con el que funcionaban, lo que motivó a que organizaciones sociales exigieran al gobierno claridad sobre qué incluía el decreto de austeridad por la emegencia sanitaria del 23 de abril.

Además, los Refugios para Mujeres víctimas de violencia solo recibieron una primera entrega de subsidios, igual que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), y ya iniciado el segundo semestre del año no tienen certeza de que se vaya a hacer la segunda entrega.

La directora de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Edith Olivares, explica que lo que prevalece es la confusión, y que antes que una exigencia de presupuesto, lo que se ha lanzado es una pregunta, de si otros programas destinados a mujeres tendrán recortes o no. Pero la Secretaría de Gobernación solo les contestó el 6 de mayo que el dinero para las CAMIs efectivamente se suspendía, pero que buscaría recursos internacionales de la Unión Europea y de embajadas de otros países, lo cual hasta la fecha no se ha concretado.

Pero en esa reunión no aclaró la situación de otros programas, ni cumplió el compromiso de reunirse con las organizaciones sociales una vez al mes para seguir tratando el tema.

La confusión aumenta, agrega, porque en el primer decreto para declarar emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, se estableció que la atención a la violencia machista era una “actividad esencial” y no debía suspenderse pese al cierre de actividades.

“El decreto del 23 de abril habla de recorte presupuestarios, son distintos: el primero lo que dice es que van a mantenerse abiertos los servicios y el segundo es que va a haber recortes presupuestarios, ¿pero cómo se pueden mantener abiertos servicios que no tienen el presupuesto para operar?”, pregunta.

Por ello, Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente”, que es un llamado a su red de activistas en todo el mundo a dirigir mensajes al gobierno mexicano para contestar si se garantizará o no la atención a la violencia de género, porque dicho decreto ni siquiera es por los meses que dure la pandemia, sino que indica que los recortes son hasta el 31 de diciembre.

“Y nada más hay que recordar que de por sí, del monto total del PEF, la proporción de presupuesto que se dedica a todos estos temas de igualdad de género, violencia contra las mujeres, y a todos los programas de los que son beneficiarias mujeres, como los de salud reproductiva, todo eso está en el Anexo 13 y es menos del 2% del Presupuesto, o sea, no es ni la mitad ni cercano, pensando en que somos más de la mitad de la población mujeres; no, es una proporción bastante pequeña del Presupuesto”, acota.

Fotografía archivoe

clh