A partir del 1 de enero entró en vigor el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; y del Código Penal Federal.

Recordemos que en un inicio se dijo el objetivo de los cambios es considerar como delito grave que amerite la prisión preventiva oficiosa a quien cometa el delito de contrabando y defraudación fiscal y sus equiparables, así como a quien expida, enajene, compre o adquiera Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cabe señalar que al sector privado le preocupa que se preste a una mala interpretación o al uso indiscriminado de la ley para perjudicar la operación de alguna empresa, principalmente las pequeñas y medianas firmas; sin embargo, en las negociaciones, lograron que se establecieran algunos candados como los montos mínimos de las facturas que amparen la actividad inexistente de alguna empresa.

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