Huauchinango, Pue.- Por “usurpación de funciones” podría ser acusado Enrique Arias, quien se asume como presidente auxiliar de San Miguel Acuautla, Huauchinango, desde el pasado 3 de febrero, fecha en la que la ex autoridad de la comunidad, Juan Bernardo Campos Santos, le entregó la documentación oficial dado que sus seguidores lo nombraron sin seguir un proceso oficial.

Fue el secretario general del ayuntamiento, Rubén Márquez Pérez, quien aseguró que los habitantes de la comunidad de San Miguel no se quedarán sin servicios, pues a falta de presidente auxiliar podrán acudir con la autoridad municipal.

Hasta el momento no hay presidente auxiliar en San Miguel Acuautla, porque la elección se ha suspendido en dos ocasiones, el 27 de enero y el 3 de febrero, debido a falta de acuerdos en el método de selección.

Uno de tres aspirantes, Enrique Arias García, asegura que el método debe ser por usos y costumbres o plebiscito, porque así ha sido “desde hace unos 80 años”, los dos restantes y sus seguidores pugnan porque la elección sea por la vía del voto libre y secreto.

Ante la falta de acuerdos, el pasado domingo 3 de febrero, se suspendió por segunda vez la elección, sin embrago, Enrique Arias convocó a sus seguidores a que se llevaran a cabo y sus adeptos lo nombraron presidente auxiliar.

El presidente auxiliar en funciones, Juan Bernardo Campos, le entregó a Enrique Arias, el bastón de mando, documentación de los ojos de agua de los que se abastece la comunidad y los sellos oficiales.

Pese a que Enrique Arias se asumió como nuevo presidente auxiliar no tomó protesta al igual que las 40 autoridades restantes y tampoco ha sido reconocido oficialmente.

El ex presidente auxiliar Campos Santos y Enrique Arias, se niegan a aceptar que se nombre una autoridad interina mientras se realiza la elección.

Rubén Márquez Pérez aseguró que en el caso de que quien se asume como presidente auxiliar firmara algún documento como tal, estaría cometiendo un delito por usurpación de funciones.

El secretario general no descartó que se dé conocimiento de los hechos al Congreso del Estado y a la Secretaría General de Gobierno.

GJ