Puebla, Pue.- Esta semana trascendió que el magistrado Alberto Miranda Guerra ha manifestado a sus cercanos que será el próximo presidente del Tribunal de Justicia del Estado, según lo publicado por Foro 21.

Desde su designación en noviembre de 2012, el abogado fue cuestionado, de acuerdo con lo escrito por el reportero Daniel Hernández, quien resumió el nombramiento de Alberto Miranda, Roberto Grajales y Saúl Gutiérrez de la siguiente forma: Entre señalamientos de corrupción, falta de preparación y pago de facturas, esté jueves se nombraron a los tres nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia”.

Sobre Alberto Miranda indicó que hasta enero de 2011 se desempeñó como Juez Segundo de lo Civil. En 2010 solicitó un mes con licencia debido a las amenazas de secuestro de un grupo criminal presuntamente proveniente del Distrito Federal.

Así narró la historia: “Al mismo tiempo, fue acusado por actos de corrupción por su entonces secretario de Acuerdos, Adrián Cesar Vázquez Ávila.

Coincidentemente, Vázquez Ávila fue secuestrado, pues según versiones extraoficiales fue confundido con Miranda Guerra. Estas mismas versiones aseguraron que el secretario logró escapar de sus captores en Tamaulipas y regresó a Puebla.

Posteriormente Vázquez Ávila denunció que fue abandonado por Miranda Guerra y los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) pues luego de su rapto no le permitieron regresar a su trabajo y en la Procuraduría General de Justicia no aparece la averiguación previa que se inició por su secuestro.

Incluso Vázquez Ávila asegura que David López Muñoz, presidente del TSJ le ofreció su apoyo luego del secuestro a cambio de que no acusara a Miranda Guerra de actos de corrupción.

En diciembre de 2010, mientras Miranda Guerra estaba de licencia por las amenazas, dos hermanos lo acusaron de mantenerlos en la cárcel durante tres años, pese a que no había pruebas suficientes en su contra.

Por medio de un amparo, un juez federal revisó el caso de los hermanos Juan y Daniel Reynoso Fabián y ordenó su inmediata liberación.

Alberto Miranda Guerra entró al Poder Judicial desde 1994 como Secretario de Estudio y Cuenta en el Juzgado Mixto de Zacatlán, en su momento fue señalado como uno de los protegidos de Guillermo Pacheco Pulido, pues fue su sobrino político”.

En tanto, el Periódico El Popular publicó: “La Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla modificó la tipificación del homicidio del niño José Luis Tehuatle Tamayo de 13 años de doloso a imprudencial, por lo cual los policías acusados de dar la orden y disparar el proyectil que lo hirió de muerte salieron bajo fianza el pasado 24 de diciembre.

Los abogados de Elia Tamayo, madre del niño de San Bernardino Chalchihuapan, Alejandro del Castillo y Arturo Rivera, anunciaron que procederán legalmente en contra del Poder Judicial de Puebla e interpondrán una queja administrativa contra los magistrados Jorge Ramón Morales, Maricela Martínez Morales y Alberto Miranda Guerra.

En conferencia de prensa, los abogados señalaron que los magistrados trabajaron a marchas forzadas durante el mes de diciembre para lograr la liberación de los policías Juan Máximo Jiménez, mandó medio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de Francisco López Domínguez, quien presuntamente disparó el proyectil antimotines que golpeó la cabeza del menor.

La parte defensora achacó que el Poder Judicial en Puebla está al servicio del gobierno del estado, pues hasta el momento no existe ninguna persona detenida por la muerte del menor ni por las mutilaciones que sufrieron cinco pobladores de Chalchihuapan, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 11 recomendaciones entre las que se encontraba resarcir el daño a los lesionados.

De igual forma, Elia Tamayo pidió justicia por la muerte de su hijo, al señalar que este viernes se cumplen siete meses de haber recibido el impacto en la cabeza y nadie ha pagado las consecuencias. A pesar de salir libres los policías acusados por la muerte del niño, aún permanecen en el penal de San Miguel cuatro pobladores de San Bernardino Chalchihuapan acusados de golpear a elementos de la Policía Estatal Preventiva que acudieron el 9 de junio del año pasado a retirar una manifestación que protestaba por el regreso del Registro Civil a su junta auxiliar”.

Solo falta esperar quien asumirá la presidencia del Tribunal Superior del Estado.

Fotografía: archivoe