Las propuestas de la nueva administración del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) modificarán las finanzas públicas los estados, aunado a la incertidumbre de su implementación.

De acuerdo con Matthew Walter, analista del sector subsoberano de Moody’s, durante la Cumbre México 2018, Perspectivas Crediticias Durante el Gobierno de López Obrador, organizada por la agencia (Inside LatAm Series), quien añadió que “hay propuestas en la mesa, todavía hay mucha incertidumbre sobre cómo se van a implementar, pero sobre todo existen riesgos en el lado de los ingresos para los estados y municipios”.

Reducción de impuestos en la zona fronteriza del norte, recorte de personal, aumento de gasolina conforme a la inflación, transformación del Ramo 23, descentralización de dependencias y asignación de nuevos coordinadores estatales, son las principales medidas identificadas que impactarán a la dinámica financiera de los gobiernos subnacionales, particularmente a las participaciones federales (transferencias de recursos no etiquetadas).

De acuerdo con las 32 leyes estatales de Ingresos en el país, se observa que, en total, de los recursos previstos para este ejercicio fiscal (2.0 billones de pesos), 36.6% es del Ramo 28.

“Estas tres medidas implican que conforme recauden menos, el Fondo General (concentra 70% de las participaciones) aumenta menos y hay menor crecimiento para las entidades”.

Otro cambio que se avecina sería en el Ramo 23, Provisiones salariales y económicas y otros subsidios, considera discrecional.

El especialista de Moody’s indicó que este rubro “se critica por ser poco transparente y que no tiene reglas muy claras y se habla de modificar el manejo de estos fondos; de un lado muy extremo, se piensa en cancelar el Ramo 23 y por el otro lado, es crear reglas más transparentes de cómo se manejan los fondos”.

En caso de que desaparezca el Ramo 23, las entidades más perjudicadas, por monto, serían, el Estado de México, la capital del país, Michoacán, Chiapas, Veracruz, Oaxaca Puebla y Guerrero.

Sin embargo, especificó Matthew Walter, hay grandes proyectos de infraestructura, financiados por recursos federales e inversión privada, que no impactarán directamente en las finanzas públicas de los estados.

Señaló que las entidades han reducido el gasto de capital en los últimos tres años, por lo que para el próximo año tendrán necesidades en infraestructura, es decir, apostar por la inversión productiva, cuyas opciones de los gobiernos locales son: buscar ahorros en el gasto corriente, a través de transferencias federales; contratar más deuda, o buscar asociaciones público-privadas.

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