Puebla, Pue.- El Juez Tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo falló a favor de Eduardo Rivera Pérez en el litigio 943/2017 que promovió el precandidato a la alcaldía de Puebla, en contra de la inhabilitación por 12 años y la multa de 25 millones de pesos que el Congreso del Estado le fincó por su Cuenta Pública 2013, cuando por primera ocasión fue alcalde.

“La verdad es la mejor defensa, ganamos este litigio, estoy agradecido con Dios, con mi familia, con mi equipo y con la leal y eficiente defensa de mis abogados”, manifestó Rivera Pérez.

La justicia de la Unión ampara y protege al ciudadano Eduardo Rivera Pérez contra el acto reclamado de Congreso del Estado de Puebla, consistente en la resolución del 7 de abril del 2017, emitida en el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades 131/2016, mediante el cual determinó que el aquí quejoso es administrativamente responsable de las irregularidades imputadas, indica el documento emitido por la justicia federal.

Este día, el panista acompañado de su esposa Liliana Ortiz, en la conferencia de medios que ofreció junto con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que también lo impulsará para la alcaldía por segunda ocasión, expresó que el fallo demuestra que entregó buenos resultados y trabajó con honradez y transparencia en el ayuntamiento durante el trienio 2011-2014.

Es una gestión que fue probada y revisada como no lo ha sido ninguna otra, precisó.

El panista en el pasado, acusó que los señalamientos en su contra eran de carácter político por las diferencias que tuvo con el grupo morenovallista.

Tras su nominación por segunda ocasión a la alcaldía de Puebla, el Poder Legislativo se abstuvo de continuar con las acusaciones ante el Poder Judicial.

Rivera Pérez aseguró que esta decisión deja sin validez cualquier descalificación del pasado o del futuro y que siempre mantuvo confianza en que la justicia federal fallaría a su favor, pues la verdad es la mejor defensa.

Esta determinación de la justicia federal implica que no surten efecto la sanción de 25 millones pesos, el embargo que se aplicó a su casa, así como la inhabilitación por 12 años.

Recordó que la lucha por el respeto a la legalidad no tiene color ni partido y aseguró que este caso será un precedente a favor de los derechos humanos y del estado de derecho, además de un referente trascendente para la fiscalización de las cuentas públicas.

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