Como cada año, La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, presenta el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP), con base en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria (GNSP).

Visitadores de la Comisión acudieron a todos los Centros de Reinserción Social (CERESOs) y al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes  (CIEPA) de Puebla.

Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, operan 18 centros de reinserción social, al haber sido desocupados los inmuebles de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, cuyas visitas realizó personal de este organismo antes de sus inhabilitaciones.

Al menos 10 de los 18 Centros de Reinserción Social en el estado de Puebla resultaron reprobados en materia de Derechos Humanos, de acuerdo al diagnóstico estatal realizado por la CDH, reportándose a los CERESOs de Tehuacán, Atlixco, Chiautla de Tapia, Chignahuapan, Huauchinango, Tecali de Herrera, Tetela de Ocampo, Xicotepec, Zacapoaxtla y Zacatlán, con la más baja calificación.

Los centros de reclusión que mostraron retroceso en el 2017 fueron: Cereso de Zacatlán en primer lugar, al ostentar el 1.53 por ciento de retroceso en promedio, con respecto al 2016, seguido por el de Tetela de Ocampo con el 1.17 por ciento.

De acuerdo con información estadística, la capacidad instalada en los centros de reinserción en el estado, después del sismo, es de 5910. La cantidad de personas privadas de su libertad en el territorio de Puebla, al 6 de diciembre de 2017, fue de 6697; por lo que existe una sobrepoblación promedio de 9.91 % en la entidad.

Las condiciones de estancia de las personas privadas de su libertad algunos centros penitenciarios de la entidad, afecta los derechos humanos de las personas que ahí se encuentran, al carecer de espacio suficiente en las propias celdas; escases de alimentación y trabajo; la falta de prevención de riesgos; y el trato a la población penitenciaria.

La infraestructura penitenciaria en la mayor parte de las cabeceras distritales son edificaciones antiguas que no fueron diseñadas como instalaciones de reclusión, Un claro ejemplo de la ineficiencia de este tipo de construcciones, se dio como resultado del sismo que inhabilitó 3 de estos centros, cuya población tuvo que ser reubicada.

Los indicadores que se analizan en cada uno de los componentes del Diagnostico Estatal de Supervisión Penitenciaria son:

1 Derechos Humanos relacionados con la situación jurídica de los internos.

2 Derechos Humanos que garantizan una estancia digna y segura en prisión.

3 Derechos Humanos que garantizan su integridad física y moral.

4. Derechos Humanos que garantizan el desarrollo de actividades productivas y educativas.

5. Derechos Humanos que garantizan la vinculación social del interno.

6 Derechos Humanos relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas.

7 Derechos Humanos de grupos especiales dentro de la institución penitenciaria.

En los siete puntos, el promedio general califica a Zacatlán con el 5.86 de promedio para 2017, cuando en 2016 se obtuvo 7.39, lo que significa una diferencia de 1.53 puntos de promedio, muy lejano al 7.50 y siete que obtuvo, en promedio, La calificación más alta obtenida fue la del Cereso de Zacapoaxtla.

En Tetela de Ocampo, la calificación más alta, de acuerdo a lo publicado, la proporcionó el propio director, con calificación de 6.82, mientras que los propios visitadores de la Comisión de Derechos Humanos calificaron con 5.30 al centro penitenciario, en tanto que los internos otorgaron 4.42 puntos.

En el CERESO de Chignahuapan, el director, al igual que el anterior, obtuvo la calificación más alta, con 6.33 puntos, mientras que los visitadores calificaron con 5.59 los siete rubros evaluados. Los internos dieron la calificación más baja, con 4.60. El promedio general fue de 5.72, mientras que el promedio total fue de 5.51.