La Ley de Seguridad Interior aprobada por el Congreso de la Unión tiene áreas de oportunidad que no fueron atendidas por los legisladores, como la impartición de justicia, prevención de delitos y mejora del sistema penitenciario que también están relacionados con los problemas de seguridad del país.

Así lo señaló Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo, director de Posgrado en Ciencias Sociales de la UPAEP, quien consideró que faltó un trabajo a fondo de los diputados federales para aprobar la Ley de Seguridad Interior.

"Los problemas de seguridad son complejos porque obedecen a muchos factores, hay muchos actores no sólo la policía, también juegan las estrategias de prevención, la impartición de justicia, el sistema penitenciario y las labores de inteligencia, es una ley que se quedó corta", calificó.

En rueda de prensa, el académico reconoció que la inseguridad en México ha alcanzado "cuotas inimaginables" para hace unas décadas; y aunque "supuestamente" -dijo- Puebla es uno de los estados menos problemáticos, al igual que otros requiere de una ley que siente las bases para la intervención de la fuerza militar.

Comentó que los 35 artículos de la nueva legislación deja en la "discrecionalidad, vaguedad e indefinición" la intervención de las Fuerzas Armadas, que debiera ser el último aparato al cual recurrir.

"Trasladar la responsabilidad del aparato civil al militar es grave porque se supone, en todos los casos, que cuando las Fuerzas Armadas intervienen es porque es la última opción que queda en guerras, desastres naturales y debiera ser en seguridad pública", puntualizó.

Bajo este contexto, Sánchez de la Barquera se pronunció porque los legisladores enriquezcan y precisen la ley aprobada en diciembre pasado, para evitar vagas interpretaciones y acciones de la autoridad sin que tengan el debido respaldo jurídico y genere un problema mayor a la población.