Cuetzalan, Pue.- Tras haber probado mediante un peritaje en antropología que son un pueblo originario, los macehuales de la Sierra Nororiental de Puebla demandaron al juez Quinto de Distrito en el estado haga valer sus derechos al territorio en el juicio de amparo y eche atrás las concesiones entregadas a Minera Autlán, Minas de Santa Marta y el Grupo Ferrominero.

En la comunidad de Yohualichan, municipio de Cuetzalan, durante la 23 Asamblea de Defensa de la Vida y el Territorio, la última que harán este 2017, representantes de 212 pueblos de 23 municipios de Puebla y tres del estado de Veracruz hicieron un balance de los logros que han tenido y ratificaron su rechazo a los megaproyectos que se pretenden echar a andar en la región.

Tras recordar que desde el año 2015 presentaron un juicio de amparo colectivo con el que consiguieron suspender toda obra de exploración y explotación para los proyectos Atexaco I y II en las concesiones entregadas por el gobierno federal a la empresa minera Autlán, que se registró con el número de expediente 1017/2015 en el Juzgado Quinto de Distrito en el estado, los macehuales demandaron a ese tribunal dejar sin efecto las licencias que permitirían la explotación de su territorio.

Indicaron que el 23 de octubre pasado el perito designado por el juez entregó el dictamen antropológico con el que se “verificó” si quienes habitan en los municipios de Cuetzalan, Yaonáhuac y Tlatlauquitepec -donde están las concesiones mineras- pertenecen al pueblo macehual o nahua, como se conoce en otras regiones.

El estudio indicó que “el pueblo macehual somos un pueblo vivo; del cual nos sentimos orgullosos de serlo y agradecemos que en estas asambleas por la Defensa de la Vida y el Territorio, caminemos juntos el pueblo macehual, el pueblo tutunaku y el pueblo mestizo. Estamos convencidos que si seguimos trabajando unidos, ganaremos esta lucha y las compañías Minera Autlán, Minas de Santa Martha y el Grupo Ferro Minero, tendrán que irse de nuestro territorio”, señaló Nazario Diego.

Agregaron que una comisión visitó al juez y le solicitaron que cierre el expediente y programe la audiencia constitucional, por lo que les pidieron estar atentos y demandaron al juez a “que haga valer los derechos del pueblo macehual en esta demanda de amparo”.

Los nahuas destacaron la formación del Consejo Macehual Altepetajpianij, la publicación de los Programas de Ordenamiento Territorial de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac que, dijeron, les han servido para enfrentar los planes para hacer seis centrales hidroeléctricas, al menos dos minas a cielo abierto y fracking que devastarían unas 7 mil hectáreas en estos tres municipios ricos en agua y que prestan diversos servicios ecológicos.

Este año también concluyeron la clausura popular definitiva y pacífica que sostuvieron en un plantón que duró 10 meses, para frenar la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como de las líneas de alta tensión Ayotoxco-Cuetzalan que afectarían su territorio y que sólo servirían para abastecer a la industria minera y la extracción de hidrocarburos con la fractura hidráulica (fracking).

“Agradecemos la participación y permanencia como vigilantes durante más de diez meses, para que esta obra no avanzara; porque como ya lo señaló Doña Rufi, la complicidad de la autoridad municipal estuvo muy clara, y tomó decisiones en contra de nuestros pueblos”, preció Nazario Diego.

Indicaron que en octubre pasado hicieron una gira por Canadá, en la que dieron a conocer los atropellos que sufre el pueblo macehual a causa de los proyectos de la industria extractiva.